El Patrimonio Forestal del Estado (1)

Antecedentes

          Entre todas las entradas de esta sección denominada Memoria Forestal hemos visto los diferentes esfuerzos de sucesivos gobiernos españoles en la toma de medidas encaminadas a la mejora y extensión de la superficie forestal de nuestro país. A modo de recapitulación cabe señalar que en 1863 se aprobó la Ley de Montes y dos años más tarde, en 1865, el Reglamento para su aplicación. Entre ambas disposiciones se sentaron las bases del Servicio Forestal en nuestro país. Este reglamento contempló la creación de los Distritos Forestales en España cuyo ámbito de actuación coincidió en la mayoría de los casos con el de las provincias ya existentes entonces. Pocos años después, en 1877, se aprobó la Ley para la mejora, fomento y repoblación de los montes públicos españoles y un año más tarde su respectivo reglamento.

Guardas Forestales de Biescas a principios del Siglo XX pertenecientes a la 6ª División 
Hidrológico Forestal. Foto: Colección Tomás Ayerbe

          Años después, un R.D. de 7 de junio de 1901 organizó el Servicio Hidrológico Forestal el cual quedó constituido por hasta diez Divisiones Hidrológico-Forestales que cubrieron prácticamente la totalidad de las cuencas hidrográficas peninsulares. Estas acometieron importantes trabajos de corrección hidrológica en las cabeceras de numerosos cauces con un marcado carácter torrencial. Tiempo después aún se volvió a ampliar nuevamente la administración forestal de nuestro país. Esto fue así como consecuencia de la promulgación de un R. D. en marzo de 1926. Gracias a él se crearon en España otras diez Confederaciones Hidrográficas a las que se les dotó de amplias competencias forestales. 

Membrete de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Foto: Archivo Cartagra

          Todo este complejo engranaje forestal trabajó en la medida que sus dotaciones presupuestarias se lo permitieron aunque muchas anualidades resultaron ser tan escasas que apenas pudieron cumplir con los objetivos marcados. Además, siempre lo hicieron de forma individual y al margen de ninguna directriz común que coordinara los trabajos y esfuerzos de todas las partes involucradas en la causa forestal. Aquella falta de coordinación entre Distritos, Divisiones Hidrológicas y Confederaciones Hidrográficas acabó mostrando la ineficacia de gran parte de los planes acometidos. Esta apareció tanto por las limitaciones presupuestarias como por la disparidad de criterios y objetivos a la hora de abordar la restauración de la cubierta forestal en nuestro país.

     

Ingeniero de Montes Joaquín Ximénez
 de Embún (1913-1963)

      Esa situación, gracias al continuo recordatorio de los ingenieros forestales, no pasó desapercibida para los políticos y gobernantes del momento. Con el claro afán de dar respuesta a las grandes necesidades que seguían sin resolver dentro de este ámbito, en 1926 fue aprobado un Plan General de Repoblación Forestal redactado por Joaquín Ximénez de Embún. Parece ser que esta vez se lo habían tomado en serio pues dicho plan fue dotado con nada menos que de 100 millones de pesetas de la época. Esta fue la primera vez en la que se planteó una tarea seria de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en materia forestal. Así, en este documento se contemplaron medidas de coordinación que afectaron a las Confederaciones, las Divisiones Hidrológico-Forestales y los Distritos Forestales. Pero tres años después, cuando apenas se había comenzado con la referida coordinación, el presupuesto aprobado acabó siendo declarado como extinguido en 1929.

Sello de la 6ª División

        Aquél fallido intento, tras la comprensible decepción inicial de todas las partes implicadas, sirvió también para que se forjara una firme conciencia forestal así como un claro convencimiento de aquella necesidad forestal entre los políticos y gobernantes de la sociedad española. Permitió aclarar y entender que las repoblaciones forestales de carácter hidrológico, aun siendo importantes, no eran suficientes por sí solas para resolver el problema de deforestación. Este inconveniente, constatado desde hacía ya muchos años en nuestro país, requería de una política forestal ambiciosa, clara y decidida. Era necesario fomentar y poner en marcha una política repobladora que cubriera tanto las necesidades de conservación y protección de los suelos, como las productoras. Debe recordarse aquí que España por aquél entonces debía importar la mayor parte de la madera que necesitaba y eso chocaba frontalmente con el régimen autartico impuesto en nuestro país.

Portada de una de las numerosas publicaciones 
que abordaron el problema de la erosión en 
nuestro país. Foto: Archivo Cartagra

           Con el objeto principal de cumplir ese doble cometido, en octubre de 1935 se aprobó una ley por la que se creó un nuevo organismo forestal denominado Patrimonio Forestal del Estado (PFE). En esta ley se recuperaron los 100 millones de pesetas de presupuesto que se habían anulado inexplicablemente en 1929. El problema de la restauración forestal de nuestro país era más que serio y su situación queda perfectamente resumida a continuación. De los 24 millones de hectáreas con clara vocación forestal existentes, solamente 7,3 estaban cubiertos por arbolado. Aquí se incluían tanto las superficies que pertenecían a montes de utilidad pública como a montes particulares. 

           El estallido de la Guerra Civil impidió que la misma comenzara a aplicarse en toda su extensión. Nada más concluir dicha contienda, el régimen dictatorial que asumió las riendas del país no pasó por alto aquella paralización. Así, con fecha 26 de agosto de 1939 se aprobó una nueva ley que restableció por completo la ley de octubre de 1935. Esta segunda ley había incorporado alguna modificación respecto a la primera lo que provocó la aparición de algunas disfunciones que resultó necesario corregir cuanto antes. Con tal intención se aprobó la Ley de 10 de marzo de 1941 la cual refundió las dos anteriores y habría de permitir, a partir de ese momento, un funcionamiento mucho más eficiente del Patrimonio Forestal del Estado.