Y aún pudieron ser más pueblos

           La aparición en el escenario rural altoaragonés del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) acabó convulsionando un medio donde tradicionalmente nunca se habían producido alteraciones dignas de mención. La vida de aquellos pueblos discurría dentro de la rutina diaria propia de una sociedad basada en una agricultura y una ganadería prácticamente de subsistencia. Gracias a la misma, año tras año, se repetía un ciclo en lo natural y en lo humano que, salvo la excepción de la guerra civil, se había venido repitiendo de forma casi idéntica durante los últimos siglos. La llegada del PFE a esta provincia a mediados de la década de los cuarenta del pasado siglo XX hizo posible, gracias al aval del estado dictatorial de ese momento, que aquél equilibro se rompiera de forma un tanto violenta. Aquella ruptura estuvo motivada en la decidida política forestal ya descrita someramente en varias entradas anteriores.

            Vista de la Pardina de Arraso hacia 1975. Foto: Archivo Pirenaico de Patrimonio Oral

           Aquél claro respaldo oficial hizo posible que la adquisición de pueblos en nuestra provincia se iniciara de forma rápida. Las instrucciones eran claras y los ingenieros de montes comenzaron a trabajar al respecto de forma decidida y eficiente. En poco tiempo ya tuvieron redactados sus primeros informes que afectaron principalmente a varios núcleos ubicados en la comarca de La Guarguera. Como consecuencia de los mismos, las primeras adquisiciones ya se pudieron firmar a finales de los años cuarenta del pasado siglo XX. Villacampa (A Guarguera) en 1946; Aineto y Pardina Trillo (A Guarguera) y Mancomún (Barluenga) en 1949 fueron los montes que estrenaron el listado de adquisiciones en nuestra provincia. A ellos le seguirían el resto de pueblos asentados principalmente en el Prepirineo y Sierras Exteriores oscenses. Poco a poco las ansias repobladoras estatales encabezadas por el PFE fueron enraizando simultáneamente en muchos pueblos de otras comarcas: La Garcipollera, La Solana Burgasé o Sobrepuerto entre otras.

           Hay que matizar también sobre este particular que las dificultades en las que se vivía desde hacía ya muchos años en aquellos pueblos, también facilitó enormemente la decisión de vender de aquellos propietarios. La falta de servicios básicos como luz o asistencia médica, el aislamiento geográfico debido a la falta de accesos rodados o una economía de subsistencia en la que apenas corría el dinero pues se suplía con el trueque, limitaban a diario cualquier perspectiva de futuro. Aquellas duras condiciones junto a la información que vía oral iba llegando a los pueblos respecto a gente que había emigrado a trabajar en empresas o talleres y las ventajas que suponía esa nueva vida, hicieron reflexionar a muchos hombres y mujeres de la mayoría de pueblos prepirenaicos. El ansia por cambiar aquellas condiciones y poder emprender una nueva etapa lejos del pueblo estuvo detrás de la mayoría de las decisiones de venta.

Pueblo de Botaya en 1975, pocos años después de ser ofrecido en venta al PFE. Foto: Archivo Cartagra

           La desaparición del PFE como tal debido a su sustitución por otro organismo forestal más moderno, el cual teóricamente debía responder a las nuevas necesidades de ese momento, no evitó nuevas adquisiciones. Ese nuevo ente se creó a finales de 1971 bajo la denominación de Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) y fue el encargado, entre otros muchos cometidos, también de concluir los numerosos expedientes de adquisición iniciados por el PFE. Después continuó con la apertura y conclusión de nuevos expedientes de adquisición que afectaron tanto a nuestra provincia como al resto del país. Según mis datos en la provincia de Huesca fueron en total 111 las adquisiciones que realizó el PFE entre el periodo que discurrió de 1944 a 1971. Incluyo en esta cifra también una media docena de adquisiciones cuyos trámites se iniciaron por parte de este organismo forestal aunque las mismas se concluyeran por parte del ICONA.

           Debe destacarse en este punto que las fincas y pueblos adquiridos pudieron haber superado la anterior cifra pues hubo muchos más intentos, que por causas varias, no llegaron a prosperar. De todos ellos se llegó a abrir el correspondiente expediente en las dependencias de la Brigada Aragón del Patrimonio Forestal del Estado con sede en Zaragoza. Así es como he podido comprobar que hubo otra serie de casos en los que la falta de acuerdo entre las partes impidió que el expediente siguiera adelante. En muchos casos los propios informes elaborados por algún ingeniero del PFE ya llegaron a desaconsejar dicha compra desde un principio. Los motivos fueron desde el precio elevado que solicitaban los propietarios, la superficie total demasiado pequeña, de extensión total suficiente aunque muy dispersa sobre el terreno o el deficiente estado registral de las fincas en cuestión. También hay que añadir que, aunque fuera una circunstancia temporal, durante 1963 el PFE dio instrucciones de no adquirir nuevas fincas. Así se transmitió a los responsables de las diferentes brigadas regionales pues parece ser que durante ese año faltó la consiguiente partida presupuestaria para este menester. En Huesca durante ese año tan sólo se adquirieron cuatro montes y seguramente debió ser así porque los trámites ya se habían adelantado suficientemente durante los años anteriores. Lo que sí se hizo, al menos durante ese año de 1963, fue no iniciar ningún expediente nuevo y paralizar los que estuvieran más retrasados. Así pues, ambas circunstancias hicieron posible durante ese año que el número de adquisiciones en nuestra provincia fuera inferior al que en verdad pudo haber sido.

           Las fincas que finalmente no fueron compradas por el PFE, a pesar de su interés en las mismas y de las que ha quedado registro documental, fueron las siguientes (1):

Jacetania: Ara; Badaguás; Botaya; El Monte, en Araguás del Solano; Ena; Especiello, en Larués; Huértalo; Pardina Botayuela de Ena; Pardina Esporret de Bailo; Pardina Fosato de Javierregay; Pardina Segaral.

Alto Gállego: Anzánigo; Arguisal; Bara; Barbenuta; Pardina Baranguá, Cortillas; Pardina Albás de Secorún; Pardina de Arraso; Pardina Buesa, en La Guarguera; Pardina Cerceles de Jabarrella; Pardina Pardenilla; Pardina Pilón y Camparés; Pardina Rompesacos; Pardina Sta. María de Perula; Santa Quiteria; Susín; Pardina Monrepós de Caldearenas; Trasierra y Sierra de Larrés.

Sobrarbe: Aguilar; Ascaso; Atiart; Ayerbe de Broto; Collospins, Barón y San Cristóbal, en Muro de Roda; Escartín; Fuebla en monte de Sieste; La Serrana en Boltaña; La Selva de Albella y Jánovas; Murillo de Sampietro; Peñacuervo; Seto y Lusiarre en Burgasé; La Sierra de Sieste; Torruellola de la Plana; Valata y San Victorián de Abizanda; Yosa de Broto.

Vista de Escartín en 1975. Al fondo se aprecia Basarán y los pinos jóvenes plantados en su entorno.

Ribagorza: Bacamorta; Casa Costa y Casa Sino de Cajigar; Casa Figuera de Secastilla; Caserras del Castillo; El Llomá y La Obagueta en Pilzán y Caladrones; La Cuadra y Otros en monte de Gráus y Benabarre; La Selva en Secastilla; La Sierra de Secastilla; Mas d'Abaix en monte de Caserras, Fet y Viacamp; Mas de Mora en Benabarre; Mas de Gabarrella en Viacamp; Mongay en Viacamp; Montañana; Moli y Maset en Viacamp; Nocellas, Las Costeras y Otros en Merli; Obago, Farrera y Pocino en Foradada del Toscar; Ribera de La Salenca en Bono; San Lumbiarres en Gráus; Señes; Sierra Blanca y Curuñales en Viacamp; Tayó de Aulet en Santorens; Valfuró y Montirroy de Puente de Montañana.

Somontano: Asque; Bastarás; Los Rasos en El Grado; La Sierra de Salinas de Hoz; Otín.

           Como se puede comprobar fueron muchísimas fincas sobre las que el PFE llegó a colocar sus ojos y que al final no adquirió. Sin embargo, en algunos casos aquellos planes del PFE, aunque fuera a medias, pudieron llevarse a la práctica. Me explicaré. Finalmente algunos de los montes del anterior listado sí que acabaron siendo repobladas por el propio PFE. Esto fue posible gracias a otra fórmula muy usada durante ese tiempo por el PFE conocido como Consorcio. Este fue el caso Tayó de Aulet, Arguisal, Trasierra y Sierra de Larrés. Pero sobre los consorcios hablaré largo y tendido en otro post más adelante.

           Hay que recordar aquí que a pesar de que finalmente no se produjeran las operaciones de compra y venta, el PFE dedicó importantes recursos a estos casos. Digo esto porque en la mayoría de los casos personal de este organismo recorrió y pateó esas fincas pues llegaron a redactar los perceptivos informes previos de la mayoría de esas fincas. Eso suponía que se desplazaran al terreno, al menos varias veces, un ingeniero de montes o ingeniero técnico forestal para proceder al levantamiento topográfico de las fincas y montes de su interés. Este técnico casi siempre fue acompañado de su trípode de madera y su equipo topográfico con el cual tomar medidas, triangular puntos y levantar el imprescindible mapa del monte en cuestión. Además, siempre se hizo acompañar por un guarda forestal de PFE para que le ayudara en sus trabajos. Los cometidos de los guardas eran además de acompañarle por los caminos de herradura que ellos conocían muy bien, presentarle a vecinos de esos pueblos que además de ser propietarios afectados conocían a la perfección los límites de los montes a medir. El guarda forestal era también el encargado de buscar un alojamiento al ingeniero a la altura de las circunstancias, y cuando hacía falta mano de obra para colocar estacas sobre el monte, contratar peones de confianza en la zona y alguna caballería. A este respecto he podido constatar que se realizaron numerosos trabajos de campo que no sirvieron para nada en más de un caso. Así, en la comarca de Sobrepuerto el PFE llegó a medir completamente el monte de Bergua para lo cual emplearon nada menos que quince jornadas de campo. Algo similar sucedería en otros pueblos de la zona que también llegaron a medir en balde como Cortillas y Escartín (2).

Fuentes y Bibliografía:

- (1): Archivo Fondo Documental del Monte; Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Madrid.

- (2): Pinos y Penas en tiempos del Patrimonio; Carlos Tarazona Grasa, 2006.