domingo, 19 de julio de 2015

El proceso de compra-venta de los montes en Huesca (II)



            Pero junto a los dos claros planteamientos a los que me referí en el anterior post de esta Memoria Forestal aún hay que señalar, aunque sea con carácter temporal, la existencia de otro nuevo grupo. Se trata de aquellos amos que tras escuchar los argumentos de unos y otros siguieron sin definir su postura. Debe indicarse que llegó a existir un buen número de indecisos, los cuales en más de un caso, acabaron siendo los que en última instancia permitirían que la balanza se inclinara hacia un lado u otro. Por este motivo fue el colectivo que más preocupó a los ingenieros de montes de la Brigada Aragón del PFE. Estos fueron conscientes desde el primer momento que si les conseguían poner de su lado acabarían logrando la adquisición completa de más de un nuevo pueblo. Así es como no dudaron en desplazarse las ocasiones que fueran necesarias a alguna de las reuniones informativas convocadas por los ayuntamientos respectivos o incluso a instancias de los mismos propietarios. 
           Quien primero supo jugar aquél trascendental papel fue el ingeniero de montes Miguel Navarro Garnica quien siempre estuvo dispuesto a viajar y a reunirse en cuantos pueblos hiciera falta. También hubo ocasiones en las que fue él mismo quien tomó la iniciativa sobre este particular. Uno de los primeros desplazamientos que he podido constatar fue al pueblo de Casbas (Comarca del Alto Gállego) en la primavera de 1952 pues allí se dio una de estas situaciones de indecisión entre sus vecinos (1). Varias de las personas con las que en su día pude hablar sobre las repoblaciones forestales han coincidido en señalar, al contrario de lo que inicialmente pudiera pensarse, en el talante abierto y dialogante de este ingeniero. Hay que decir que en aquellos años Navarro Garnica era el responsable de la Brigada Aragón del PFE en esta región y estaba destinado en Zaragoza, lugar donde radicaban las oficinas de este organismo forestal. Su gran labor acabó viéndose compensada años más tarde con su nombramiento como director del mismísimo PFE y su traslado a la sede central en Madrid.
Berbusa, en el Alto Gállego, uno de los primeros pueblos adquiridos por el PFE
      Tras agotarse todas las vías de negociación sin haber conseguido cambiar la opinión de los escépticos, al PFE aún le quedó una carta por jugar. Esta estrategia fue aplicada ya no sólo por los ingenieros del PFE sino también por los de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en sus expropiaciones de terrenos para la construcción de al menos el embalse de Mediano. Su carta en la manga para convencer a aquellos propietarios más reticentes fue, como última opción insisto, ofrecerles una plaza como colono en alguno de los nuevos pueblos de colonización que el Instituto Nacional de Colonización (INC) estaba construyendo en varios puntos del sur de la provincia oscense. Esta opción sólo fue empleada en las adquisiciones de una minoría de pueblos que bien debe calificarse, si no excepcional, sí atípica. Esta situación se ha podido constatar en la compra de al menos Basarán en 1954 y Cillas en 1961 (2).
 

      Una vez que se hubieron despejado las posibles dudas de algunos de los propietarios, las posiciones entre todos ellos ya quedaron bien clarificadas. Lo cierto es que llegados a este punto es muy difícil resumir cual fue la reacción de los pueblos ante aquella situación sutilmente impuesta. No todos los pueblos y sus respectivos propietarios respondieron de igual forma pues en esa respuesta intervinieron en gran medida las particularidades propias de cada uno de los pueblos afectados. En esencia puede decirse que se presentaron hasta tres situaciones diferentes aunque a continuación hay que decir que todas ellas acabaron reduciéndose a una única postura que fue la que se decantó finalmente por la venta. Cabe recordar en ese punto nuevamente que la legislación vigente al respecto en esos momentos, como ya se apuntó en algún post anterior, apostó claramente por defender los intereses de la administración forestal y por tanto del régimen dictatorial del momento, en detrimento de los propietarios particulares.­­ Una de las disposiciones que permitieron al gobierno del momento llevar a la práctica su política forestal de una forma más clara fue la Ley de 19 de diciembre de 1951. Esta disposición se complementó perfectamente con otras ya en vigor como fue la que dispuso la creación del mismísimo PFE y sus competencias.
Encabezado de la Ley sobre Repoblación Forestal y Ordenación de Cultivos Agrícolas sobre la que se sustentó buena parte de la política repobladora del PFE en nuestro país.
      La primera de ellas y quizás la más habitual, fue la situación que resultaba más favorable para los intereses del PFE. Es decir, todos los vecinos del pueblo acabaron manifestándose a favor de vender sus propiedades y en esta tesitura se encontraron inicialmente la mayoría de los pueblos. En esa situación el siguiente paso a dar por su parte era sencillamente acordar los detalles de la venta y las condiciones del pago en la correspondiente escritura de compra-venta. Otra situación diferente, la segunda, fue aquella en la que quienes se negaban a vender supusieron una mayoría de vecinos respecto a los que sí querían vender. Aquí fue cuando los ingenieros del PFE tuvieron que emplearse a fondo tanto echando mano puntualmente de las seductoras plazas de colonos referidas como recurriendo a amenazas más o menos veladas y de diferente calado en función de la situación y la tensión existente en cada caso. La tercera posibilidad se dio cuando los que querían vender eran numéricamente inferiores a los que se negaban. Sin embargo y hablando porcentualmente, esa minoría unida representaba más del 51% del total de la superficie del pueblo en cuestión. Esta situación tiene una fácil explicación pues se dio cuando varias casas fuertes de un mismo pueblo se aliaban y decidían apostar por la venta. Llegados a ese escenario quienes no querían vender acabaron teniendo que ceder, seguramente a regañadientes, a los intereses de la otra posición pues porcentualmente representaban mayor superficie. 
           En este tipo de casos se presentaron tensas situaciones sociales que dieron mucho que hablar en más de una comarca altoaragonesa. Con ello se extendió la sensación, no sin motivo, de que las casas pudientes se vieron una vez más favorecidas por aquella situación de dictadura pues acabaron imponiendo su criterio frente al de las casas más humildes.Tampoco faltaron casos en los que el PFE echó mano de recursos poco ortodoxos que generaron situaciones de tensión social que dieron mucho que hablar. Fueron muchas de esas situaciones las que permitieron que aún hoy en día se siga persistiendo en muchas zonas de la geografía altoaragonesa una reacción de rechazo al hablar del PFE. Tras ese proceso previo y una vez que todos los propietarios, de una forma voluntaria o  impuesta en mayor o menor medida acordaron vender al PFE. A partir de ese momento se inició la fase de compra-venta propiamente dicha. Tal cual dejó estipulado el Art. 61 del Reglamento del PFE, los propietarios debían presentar a este organismo una oferta de venta por escrito. Esta debía de incluir además del importe total que solicitaban por dicha venta, la firma de la totalidad de los propietarios de las fincas. 
           Tras revisar las ofertas escritas de prácticamente la totalidad de pueblos comprados por el PFE en esta provincia, llama también la atención una cuestión de orden menor. Me refiero al relativamente elevado número de propietarios analfabetos que existían en esas fechas pues las firmas caligráficas debieron ser sustituidas por una sencilla huella digital de tinta y su correspondiente aclara firma en la parte inferior. En este punto del procedimiento también se presentaron otras situaciones atípicas como cuando alguno de los propietarios llevaban tiempo viviendo fuera del pueblo. En algunos casos hacía ya años que habían emigrado, en más de un caso conocido incluso a la vecina Francia, por lo que fue necesario contactar con sus parientes conocidos más próximos. Estas situaciones acabaron solucionándose y simplemente lograron retrasar temporalmente la firma final de la venta (3).


Fuentes y Bibliografía:

- (1): Pinos y Penas en tiempos del Patrimonio; Carlos Tarazona Grasa 2006.
- (2): Trabajo en preparación
- (3): Fondo Documental del Monte; Mº Agricultura y Medio Ambiente, Madrid.

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