sábado, 13 de agosto de 2016

Fenillosa



            Está ubicado en la comarca de La Guarguera, a media ladera en la margen derecha del río Guarga que es el que a su vez da nombre a esta amplia zona geográfica oscense. La fecha de su adquisición se remonta nada menos que a un 20 de mayo de 1944.


           Pero conozcamos algo más sobre aquél pueblo antes de entrar en el proceso de compra propiamente dicho. Por esas fechas este pueblo contaba con sólo dos casas de buen tamaño cada una de ellas y ambas contaban con un edificio anexo que era donde se ubicaba el horno para hacer el pan. Además existían diferentes construcciones auxiliares en las que los amos de cada casa guardaban además de los animales, aperos de labranza o yerba para los diferentes animales. Ambas casas también coincidían en disponer de sendos pozos de agua para el consumo de cada una de ellas. Entre las dos casas sumaban un total de 777,5 m² de superficie habitable. Según el ingeniero redactor del informe consultado, la iglesia en esos momentos ya carecía de mobiliario, estaba en estado ruinoso y no presentaba elementos arquitectónicos u ornamentales de interés.


Vista del núcleo de Fenillosa hacia 1960 aproximadamente. Foto: Archivo Cartagra
           Según los propietarios oferentes, el monte tenía una superficie de 500 Ha aunque las mediciones posteriores redujeron esa cifra hasta 371,4 Ha. La mayoría de ellas estaban cubiertas por monte bajo donde predominaba el boj y sólo era apto para que un rebaño de unas 350 ovejas aprovechara sus escasos pastos. 


           El ofrecimiento de venta está fechado un 20 de mayo de 1944 y estaba firmado por Miguel Baster Sampietro y por Pedro Oliván Urbán. Por las 500 Ha calculadas inicialmente solicitaron 500.000 Pts del momento, es decir, a mil pesetas la hectárea. El PFE enseguida se mostró interesado en su compra por lo que encargó la valoración detallada de este monte. Aquí aparece por primera vez el ingeniero de montes Miguel Navarro Garnica como el encargado de redactar la misma. Durante los primeros años del PFE en Huesca, este ingeniero fue el que se encargó tanto de realizar las visitas a algunos pueblos como de redactar informes y valoraciones. La valoración que obtuvo este ingeniero para este monte se quedó en 165.067,43 Pts pues entre otras cosas y como ya se ha dicho, redujo sustancialmente la superficie del mismo. El 22 de diciembre de 1944 presentaron una nueva oferta pues el precio anterior no fue de su agrado. En esta ocasión solicitaron 270.000 Pts. Según un documento consultado, las intenciones iniciales de los amos de aquellas dos casas pasaba por marchar como colonos a algún pueblo de nueva construcción en el entorno de la Acequia de La Violada.


Vista del entorno de Fenillosa en 2016. Foto: Archivo Cartagra
         Las negociaciones quedaron paralizadas durante unos años por razones no aclaradas. A pesar de ello el PFE siguió con sus intenciones y mantuvo contactos con otros pueblos de las proximidades como Villacampa, Aineto o Secorún. A la vista de aquella situación, los amos de Fenillosa presentaron un nuevo escrito ante el PFE. Fue en marzo de 1950 y solicitaron esta vez un precio de 350.000 Pts. Justificaban ese aumento en que la madera y leñas de su monte habían incrementado de precio al igual que cualquier otro producto. Por su parte, en abril de 1950, el PFE ordenó realizar una nueva valoración para actualizar la anterior. El nuevo valor obtenido ascendió hasta nada menos que 529.500 Pts. Pero desde la sede central del PFE en Madrid aquél precio pareció algo elevado. Además, debido al tiempo transcurrido, encargaron a Navarro Garnica se asegurara si se había realizado algún aprovechamiento forestal o no. Puesto en contacto con el Distrito Forestal de Huesca, este confirmó al anterior ingeniero que a mediados de 1948 se había concedido una autorización para la corta de 3.000 pinos en la partida de La Pardina que cubicaron unos 500 m³. A pesar de la extracción de la madera referida, Navarro Garnica mantuvo la valoración inicial debido al tiempo transcurrido desde la misma. 


          Finalmente, el Consejo del PFE reunido el 24 de noviembre de 1950 acordó la compra de Fenillosa por 350.000 Pts. Pero el informe del Registro de la Propiedad de Boltaña confirmó que sólo había debidamente inscritas 44 Ha. A pesar de lo que eso suponía, los propietarios de Fenillosa presentaron un escrito aceptando las condiciones de demora en el pago. El siguiente paso se dio en Huesca en presencia del notario Mariano López Torrente. Fue un 25 de marzo de 1952 y fue cuando se firmó las escrituras de compra-venta. En ese acto se abonó a los vendedores 38.925,64 Pts correspondientes a las 44 Ha debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad. No se ha podido localizar el documento en sí, pero por la referencia obtenida de otros documentos de este expediente, debió ser en agosto de 1954 cuando el PFE pagó a la parte vendedora el importe retenido por la superficie no inscrita. 




Fuentes y Bibliografía:

- Fondo Documental del Monte; Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.



sábado, 23 de julio de 2016

Burgasé


Con el presente post doy comienzo a una nueva serie de entregas que se irán centrando en los numerosos pueblos que fueron adquiridos por el Patrimonio Forestal del Estado en la provincia de Huesca. En ellos abordaré de una forma resumida parte de la información que he conseguido recopilar sobre cada uno de ellos, haciendo especial hincapié en el proceso de adquisición del mismo. Tales entradas quedarán englobadas igualmente dentro de la sección de Memoria Forestal de este blog

He decidido comenzar esta nueva serie de entregas con el pueblo de Burgasé, enclavado en la comarca a la que da nombre y en la que se asienta un número importante de pueblos adquiridos por este organismo forestal. En la actualidad en la Solana Burgasé se encuentra una mancha forestal de unas 7.000 Ha aproximadamente, cuyo origen debemos buscarlo en las repoblaciones forestales masivas propulsadas por el régimen dictatorial franquista a través del Patrimonio Forestal del Estado (PFE).

Burgasé

El conjunto del pueblo contaba según el informe elaborado por el PFE con un total de 2.309 m² destinados a vivienda y otros 653 m² destinados a construcciones auxiliares. El nombre de las diecinueve casas que se han podido recopilar son los siguientes: Casa Puyolé, Casa Clara, Casa Añoto, Casa Jacinto, Casa Serrate, Casa Ezquerra, Casa Juan, Casa Buesa, Casa Cuello, Casa Lordán, Casa Borrué, Casa Sastre, Casa Juan, Casa Cacalás, Casa Tana, Casa Ralla, Casa Vicente, Casa Méliz y Casa Villacampa. Todos los terrenos incluidos dentro de la cuenca del por aquél entonces previsto embalse de Jánovas fueron declarados en julio de 1961 como Perímetro de Repoblación Obligatoria. Obviamente, el monte de Burgasé quedó incluido dentro de esos límites.

Vista parcial del núcleo de Burgasé en 1988. Foto: Luis Buisán Villacampa.

Según los datos catastrales iniciales, su monte tenía una extensión de 308 Ha aunque los datos obtenidos tras la medición realizada por personal del PFE arrojaron nada menos que 903 Ha de superficie. La opinión del ingeniero de montes que dirigió aquellos trabajos de medición fue desde un principio totalmente favorables respecto del interés del PFE en adquirir aquél monte. Para aquellas fechas, verano de 1962, este organismo forestal ya había adquirido en la zona los pueblos de Castellar, San Felices de Campol, Tricas, Muro y Ginuábel. Por su parte, en trámites de adquisición se encontraban los pueblos de Gere, Pardina El Seto, Ceresuela, Sasé, Giral, Cajol y Campol. Otro punto de interés para la adquisición de Burgasé era que dentro de sus límites había buenos terrenos en los que instalar un vivero forestal donde producir la planta que se necesitaría para repoblar buena parte de los montes mencionados.

El inicio del proceso de adquisición comenzó un 30 de noviembre de 1961. Esa era la fecha que llevaba el escrito firmado por hasta dieciséis vecinos de este pueblo en la cual ofrecían la venta  del pueblo y el monte al PFE. Según los cálculos de los vecinos su monte tenía 850 Ha y por ellas solicitaron un precio inicial de 8.500.000 Pts. Es decir, un precio de 10.000 Pts la hectárea lo cual resultaba de entrada un precio elevado para los precios que había pagado hasta ese momento el PFE en esta zona. En noviembre de 1962 el ingeniero de montes Agustín Iturralde redactó la pertinente valoración del conjunto del monte obteniendo para el mismo un valor de 3.643.601 Pts. A principios de diciembre de 1962 el Jefe de la Sección 3ª de Adquisiciones modificó a la baja algunos parámetros de esa valoración y fijó un precio final de 3.452.851 Pts. Así fue como a finales de 1962 se notificó a los propietarios que el precio que estaba dispuesto a pagar el PFE era dicha cantidad. A pesar de la gran diferencia inicial entre las aspiraciones de una y otra parte, los vecinos presentaron un escrito fechado en Lacort un 6 de diciembre de 1962 firmado por catorce de ellos. En él aceptaban vender todas sus propiedades por 3.452.851 Pts.

El siguiente paso que dio el PFE fue preguntar al Registro de la Propiedad de Boltaña cuál era el estado registral de toda la superficie en cuestión. Desde el Registro respondieron que de las 850 Ha sólo había debidamente inscritas 38,8 Ha. Es decir, había un exceso de cabida de nada menos que 864,16 Ha. En el acto de firma de la escritura de compra-venta el PFE sólo pagó que 112.373,83 Pts entre diez de los vendedores mientras que el resto no recibieron cantidad alguna debido al exceso de cabida referido. No se ha podido concretar la fecha en la que todas las partes fueron convocadas para proceder a la firma de la escritura de Carta de Pago por las cantidades que se adeudaban. Este pago, según las leyes en vigor entonces, debía demorarse al menos dos años. Este era el periodo de tiempo establecido para que si había una segunda persona que dijera ser propietaria de los terrenos en cuestión, presentara la documentación acreditativa pertinente.

En el momento de la firma de la escritura de Carta de Pago, al menos dos años después de firmar la venta, el destino de los antiguos moradores de Burgasé era muy variado y se repartían entre destinos por la geografía aragonesa pero también catalana. A Monzón marcharon al menos cuatro casas; a Bielsa los de una; a Zaragoza los de dos casas; a San Lorenzo del Flúmen los de otras dos casas; a Torralba de Aragón dos casas más y tan sólo una a Barcelona. Otros vecinos en fechas anteriores al de la venta ya habían emigrado a varios puntos de Francia.



Fuentes y Bibliografía:

- Archivo Fondo Documental del Monte; Ministerio Agricultura y Medio Ambiente, Madrid.
- Archivo Servicio Provincial Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.








domingo, 26 de junio de 2016

La mano de obra forestal (II)


               Pero al margen de la necesidad que tuvo el PFE de ir a buscar hasta sus lugares de origen toda aquella mano de obra a la que me referí en el anterior post, este organismo también se nutrió de muchísima mano de obra local. Hubo épocas en la que toda mano de obra era bienvenida pues los trabajos previstos así lo requerían. Esta fue empleada básicamente en la apertura de hoyos y en la plantación de pinos, aunque poco a poco, también se fue usando para la apertura de imprescindibles pistas forestales necesarias para acercar tanto la planta como a las personas a los lugares más alejados. Aquellas primeras pistas forestales se abrieron de forma totalmente manual pues sencillamente, no existía maquinaria de ninguna clase en esos momentos. La ausencia inicial de compresores hizo obligado el uso de barrenas manuales o pistolos que había que llevar al herrero más próximo con mucha frecuencia para poder afilar su punta. El objetivo inicial en aquellos primeros casos fue conseguir habilitar un pista con un firme aproximado de unos dos metros de anchura. Aquellos trazados carecían prácticamente de cunetas y el objetivo principal fue permitir el paso a unos pequeños camiones usados en esos momentos conocidos con el nombre de Unimog. Dentro de esas cuadrillas iba una persona que en su condición de encargado, era el que más experiencia tenía en la apertura de esas pistas. Él solía ser quien decidía el trazado final y quien determinaba igualmente, en función de las limitaciones orográficas, la pendiente final de la misma (1).
Grupo numeroso de obreros pertenecientes a varias cuadrillas que trabajaron en la repoblación del monte de Aineto hacia 1952. Foto Archivo Pirenaico de Patrimonio Oral
               En las cuadrillas de peones que se dedicaban a la apertura de hoyos y plantación de pinos también solía haber un encargado. Eran por un general cuadrillas más numerosas que las de los bueyes o las que abrían pistas. El encargado de estas era escogido generalmente entre todos sus integrantes pues las mismas solían estar conformadas por gentes de una misma procedencia. De esta forma el PFE evitaba, al menos teóricamente, la aparición de conflictos personales dentro de cada cuadrilla cosa que por cierto no siempre consiguió. Ese responsable se encargaba de hablar con el guarda forestal o bien con el controlador y era a él a quien debía hacerle llegar el computo diario de los hoyos abiertos o bien de los pinos plantados. También era quien tenía que comunicarle cualquier incidencia en la cuadrilla como por ejemplo alguna lesión, ausencia temporal por enfermedad o bien baja definitiva por renuncia de algún integrante de la cuadrilla. Las relaciones mutuas de unos y otros siempre dio lugar a roces más o menos serios pues aparecieron situaciones de picaresca por ambas partes.

               Y ya que lo acabo de mencionar, hablaré también algo sobre otro empleado forestal que también jugó un papel importante en todos los trabajos forestales que ahora nos ocupan. Se trata de la figura del guarda forestal quien cumplió un papel de engranaje entre los numerosísimos obreros que se contrataban y el ingeniero de montes que dirigía la repoblación forestal propiamente dicha. La política aplicada por el PFE en aquellos años a la hora de nombrar guardas fue idéntica en la mayor parte del país. Conforme aumentaban los trabajos forestales en los montes, los ingenieros comenzaron a echar en falta disponer a pie de tajo a una persona de confianza que les mantuviera informados de cualquier cuestión o imprevisto en la marcha de los trabajos. Cuando observaban alguno de esos obreros que mantenía interés en la forma de ejecutar los trabajos, en cómo discurrían los mismos o percibían que tenía esa idea necesaria que sólo da la experiencia o el buen hacer proporcionan, acababan siendo nombrados como controladores. Una vez contrastada esa capacidad durante un tiempo finalmente se les solía nombrar guardas forestales. Años más tarde pasado el auge de las repoblaciones, el nombramiento de estos empleados fijos ya quedó regulado de forma específica y a partir de entonces se les requirió la superación de una prueba escrita de conocimientos varios.
Guarda forestal (de pie y con gorra) supervisando los trabajos de plantación con plantadora en una repoblación de Peralta de la Sal en 1965.  Foto: Archivo Cartagra


               Hubo ocasiones en las que la figura del guarda forestal resultó ser muy criticada pues fue objeto de acusaciones varias por parte de los obreros a su cargo. Entre otras cuestiones, el guarda era quien al cabo del día debía de apuntar los jornales a los obreros a su cargo y eso dio lugar a situaciones variadas. Desde obreros que se quedaron sin el jornal diario porque su rendimiento había sido escaso, hasta casos en los que aun habiendo trabajado bien, el guarda no apuntaba aquél jornal para quedárselo él. Tampoco faltaron casos en los que el guarda forestal pasaba por el tajo a comprobar si las hoyas abiertas manualmente  cumplían con las dimensiones exigidas o no, obligando sobredimensionar las hoyas abiertas en muchísimas ocasiones. En otras y para comprobar si el pino había sido correctamente plantado, tiraba del mismo hacia arriba con sus manos. Si lo arrancaba con facilidad era señal inequívoca de que estaba mal plantado pues no se había apretado suficientemente la tierra al rellenar la hoya. En ese caso reprendía a los obreros, les exigía mayor atención en la plantación e incluso les recordaba que si no lo hacían bien se quedarían sin jornal ese día. Cabe señalar a continuación que el guarda forestal tenía a su vez que rendir cuentas ante el ingeniero de montes, su inmediato superior. Si no tomaba el guarda forestal aquellas precauciones corría el riesgo que los pinos deficientemente plantados acabaran muriendo ese mismo invierno. Si el número de bajas en la plantación presentaba índices altos en una parte concreta de la repoblación, sólo había dos posibilidades para saber cuál fue la causa. Si en las repoblaciones próximas las bajas habían sido mínimas o escasas se descartaba prácticamente factores meteorológicos como sequía o lluvia. Llegados a ese punto la otra posibilidad que quedaba era pensar que la plantación había sido realizada de forma deficiente bien por hoyas pequeñas o bien por tierra poco apretada. Era entonces cuando ante la supervisión crítica del ingeniero, quedaba en entredicho la capacidad de ese guarda forestal para seguir dirigiendo cuadrillas de repoblación (2).


               El guarda forestal, como ya ha quedado dicho, era el responsable directo de llevar al día las listillas de jornales de todos los obreros a su cargo. En función de sus anotaciones los obreros cobrarían unas cantidades u otras. Durante mucho tiempo el pago de los jornales se realizaba quincenalmente y esta operación siempre respondió a un modelo que se repetía cada dos semanas.  Así era como se desplazaba, desde Zaragoza la mayoría de las ocasiones, un pagador que era quien llevaba consigo todo el dinero. Este se ponía de acuerdo con el inspector forestal de la comarca y juntos se presentaban en la repoblación en cuestión donde los obreros ya esperaban inquietos su llegada pues ese día lo tenían apuntado en su memoria de forma bien nítida. En las comarcas de Jacetania y Alto Gállego el inspector residió durante mucho tiempo en Jaca y salía al encuentro del pagador. Así era como durante varios días de la semana ambos recorrían las repoblaciones que se efectuaban en esas dos comarcas pagando a todos los obreros contratados. Esta forma de proceder  o muy similar se debió repetir en todas las comarcas oscenses. Las cantidades de dinero que se llevaban encima fueron más que significativas para el momento. Hubo casos como el de alguna quincena a mediados de los años cincuenta del siglo pasado que hasta la repoblación de Basarán (Sobrarbe) subieron desde la ribera del río Gállego el inspector y el pagador llevando encima más de 200.000 Pts del momento (1)
Yunta de bueyes abriendo fajas en un monte desconocido de la provincia de Huesca. Obsérvese cómo debido a la fuerte pendiente en el apero o brabant debían ir dos personas para abrir el surco correctamente. Foto: Archivo Cartgara

                 Muchos de esos hombres venidos de fuera enviaban parte del dinero obtenido a sus familias que quedaron en tierras andaluzas. El transcurso del tiempo acabó permitiendo el asentamiento definitivo en poblaciones altoaragonesas como Jaca, Castiello de Jaca, Sabiñánigo, etc. de algunos de aquellos hombres venidos del sur los cuales se integraron sin mayor problema entre la población local. Pero aquellos jornales también acabaron llegando a la población autóctona altoaragonesa que trabajó como peones en estos trabajos forestales. En la mayoría de los casos los jornales pagados por el PFE constituyeron muy posiblemente el primer dinero cobrado en su vida para multitud de aquellos hombres. Hombres que supieron aprovechar el parón invernal de estas montañas para conseguir un ingreso extra. Ese dinero les permitió comprar artículos y productos que de otra manera ni se hubieran planteado pues simplemente no tenían dinero con qué pagarlo pues entonces este apenas circulaba. Esa autonomía económica derivada de aquellos jornales hizo reflexionar a más de uno de esos hombres quienes empezaron a mirar con otros ojos la posibilidad de dejar todo lo conocido por ellos hasta ese momento. Más de uno comenzó a plantearse en serio la posibilidad de marchar a alguno de los incipientes núcleos industriales altoaragoneses como Sabiñánigo, Monzón, Huesca o Lérida entre otros (2). Las duras condiciones de aislamiento y de falta de servicios básicos como electricidad, educación, agua corriente o atención sanitaria, también tuvieron mucho que ver en ese replanteamiento referido.






Fuentes y Bibliografía

- (1): Pinos y Penas en tiempos del Patrimonio; Carlos Tarazona Grasa, 2006.
- (2): Archivo Fondo Documental del Monte; Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Madrid.



domingo, 12 de junio de 2016

La mano de obra forestal


            A la conclusión de la contienda civil España quedó en una delicada situación económica y social. Se destruyeron ciudades e industrias pero también pueblos completos donde desaparecieron sus reses, sus caballerías y hasta los aperos. La vuelta a la normalidad costó proporcionalmente mucho más en el medio rural que en las ciudades donde pudieron acceder con más facilidad a los jornales que se invirtieron en su reconstrucción. Mucha gente de los pueblos desistió de recuperar sus dañadas casas y emigraron a ciudades próximas e incluso lejanas. Quienes se quedaron en los pueblos debieron comenzar prácticamente desde cero ayudando a levantar otras casas y, si disponían de recursos, emprendiendo la reconstrucción de su propia casa. Aquellos años de la posguerra resultaron ser duros de verdad en todo el país aunque especialmente en el sur de España. La falta de trabajo en los grandes latifundios permitió que durante un tiempo, grandes grupos de personas sin trabajo se agruparan diariamente en la plaza del pueblo o en algún otro punto céntrico de muchos pueblos. Allí pasaban la jornada a la espera de recibir alguna noticia de algún lugar donde necesitaran peones para el trabajo que fuera. Sin embargo, los días discurrían y esta noticia nunca llegaba por lo que la falta de un mísero jornal sólo conseguía exacerbar la paciencia de esos hombres. Aquella situación se debió prolongar en el tiempo de tal forma que los gobernantes de la época llegaron a observarla con seria preocupación pues temían que pudiera dar lugar a imprevisibles movimientos sociales, críticos ante aquella falta continuada de trabajo. Ante tal coyuntura los responsables político-militares del momento se vieron obligados a pensar alguna fórmula para mantener ocupado aquél importante flujo de desempleados para de esa manera, desactivar cuanto antes un posible y cada vez más cierto riesgo de sublevación. 
   Cuadrilla repoblando ante la atente mirada del Guarda Forestal en el monte de Castiello de Jaca.    Foto: Archivo Cartagra
            Pero la solución, más sencilla incluso de lo previsto, no tardaría en llegar. Antes del inicio de la guerra ya se había creado el Patrimonio Forestal del Estado (PFE) si bien su puesta en marcha quedó relegada debido al inicio de la Guerra Civil . Una vez concluida la misma los gobernantes del momento decidieron retomar cuanto antes su puesta en marcha y por ello, en mayo de 1941, aprobaron el reglamento que habría de concretar el funcionamiento de este organismo. Tanto la ley de creación del PFE como su propio reglamento dejaron bien clara la intención de aquél régimen dictatorial de poner en marcha una decidida política forestal. Dentro de la misma y como ya hemos ido viendo en anteriores entradas, las repoblaciones forestales iban a jugar un papel más que destacable. La numerosísima mano de obra que sería necesaria para poder realizar las plantaciones propiamente dichas, resultó determinante para dar empleo aunque sólo fuera temporalmente, a aquél elevado número de personas desempleadas. Aquellos planes se vieron favorecidos en gran medida por el hecho de que tales trabajos no podían ejecutarse de forma mecanizada sino todo lo contrario. A pesar de que la fase de apertura de fajas se hizo durante los primeros años con la ayuda de la tracción animal de las yuntas de bueyes, el resto de tareas sólo podían hacerse manualmente y estas requerían el empleo numerosa mano de obra.

            Pero aquellos trabajos forestales no afectaron por igual a todas las regiones del país, más bien al contrario. Las repoblaciones forestales se centraron en algunas áreas geográficas mientras que en otras su incidencia fue bastante menor. Aquellas circunstancias permitieron situaciones paradójicas como las presentadas durante buena parte de la década de los sesenta del siglo pasado en nuestra provincia. Aquí, durante el invierno hubo bastantes años en los que la mano de obra local disponible resultó ser insuficiente para cubrir la gran demanda que originaron las plantaciones forestales. Tal fue aquella escasez de mano de obra que los responsables del PFE tuvieron que buscar por su cuenta soluciones para paliar tal carestía. Esa demanda llegó a fijarse del orden de 200 a 300 obreros cada temporada de plantación. Finalmente su solución pasó por alquilar autobuses y fletar viajes hasta tierras andaluzas. En muchos casos se llegaron a contratar autobuses que viajaron hasta distintos puntos de provincias como Jaén o Málaga. Concretamente a Mijas (Málaga), el PFE organizó durante años sucesivos viajes en los que se desplazaban desde Huesca capital hasta dos autobuses vacíos. Una vez en Mijas acudían a la plaza del pueblo donde se concentraban más de un millar largo de hombres desempleados. Allí, con la ayuda de un manijero que solía ser una persona del pueblo que ya había trabajado la campaña anterior con el PFE, se hacía una selección de los hombres que mejor podrían adaptarse al trabajo previsto. Una vez los autobuses llenos con un centenar escaso de hombres se emprendía viaje de regreso a Huesca. Nada más llegar aquellos hombres eran repartidos entre las diferentes repoblaciones que preveían realizar ese invierno y repartidas por distintos montes de la provincia. Cabe decir aquí que la elección de Mijas para ir a buscar obreros tampoco fue casual del todo pues según ha podido saber, en aquellos años era el pueblo con la renta per cápita más baja de toda España (1).


Autobús similar al que usaría el PFE para traer trabajadores
desde el sur del país. Foto: Archivo Cartagra
            De esa forma relativamente sencilla fue como se consiguió un doble efecto positivo. En muchos casos ni tan siquiera se les dotó a los obreros contratados ni tan siquiera de una azada pues en muchos fue condición previa para ser contratado la de disponer de una herramienta para picar y hacer hoyos en el suelo. Este detalle debe servirnos de pista a la hora de imaginar cuales debieron ser las condiciones en las que habrían de trabajar aquellos hombres. El alojamiento debieron buscárselo también por su cuenta allá donde iban. Fueron mayoría los casos en los que se alojaron en yerberos del pueblo más próximo al lugar del trabajo. Sin apenas ropa con la que abrigarse durante la noche, comiendo a rancho y cumpliendo duras jornadas de trabajo. Pero el verdadero problema para ellos no fueron las largas jornadas abriendo hoyos sobre suelos en ocasiones muy pedregosos. Para muchos de ellos lo verdaderamente difícil de llevar fue soportar las duras condiciones climatológicas. Se trataba de hombres del sur poco acostumbrados al frío, a temperaturas bajo cero o a las relativamente frecuentes nevadas. Debió ser aproximadamente a mediados de los años cincuenta del siglo XX cuando en la repoblación del monte de Basarán había empleada una cuadrilla de unos 90 obreros de procedencia andaluza. Pues bien, según he recabado hubo un invierno en el que cayó una gran nevada (2) que les obligó a permanecer alojados en varias de las casas recién abandonadas de ese pueblo. Allí debieron permanecer buena parte de ellos al menos cinco días pues la gran nevada les impidió  abandonar Basarán y marchar caminando valle abajo hacia Berbusa u Oliván. La falta de leña con la que calentarse hizo que la gran mayoría de puertas y ventanas de las casas de Basarán acabaran siendo quemadas por aquellos hombres para calentarse.
Yunta de bueyes abriendo fajas en el monte de Isín hacia 1960. Foto: Archivo Cartagra
            Fue en estos primeros años de actuación del PFE en tierras oscenses cuando se usaron de forma muy habitual las yuntas de bueyes para la apertura de miles de kilómetros de fajas en las laderas altoaragonesas. Aquellos bueyes tiraban de pesados brabanes cuyo manejo exigía un gran esfuerzo por parte de quien guiaba el mismo. Así mismo el boyero era quien iba delante guiando los bueyes también tenía que saber hacerlo bien. Pero muchos de aquellos hombres nunca habían hecho aquél trabajo y tuvieron que aprender prácticamente sobre la marcha tanto a manejarlos, a detectar cualquier posible enfermedad como a identificar cuando necesitaban descansar o cuando debían ser cambiadas sus herraduras. Alguno de aquellos obreros andaluces una vez que ya comenzó a tener experiencia con estos animales pues se le veía interés por conocerlos y aprender, acabó siendo nombrado encargado de esas cuadrillas que fácilmente podían estar conformadas por hasta una decena de yuntas. A estos encargados también les tocó acompañar en alguna ocasión al ingeniero de montes para comprar nuevos bueyes, aperos y aparejos pues necesitaba el criterio de alguien como más experiencia que él mismo en esta materia. El temple del buey en la cuadra o un aspecto y complexión física adecuados sólo podían ser correctamente valorados por quien pasaba largas jornadas trabajando junto con ellos. Los bueyes fueron comprados en muchas ocasiones tanto en Pamplona, Guipúzcoa como incluso en Salamanca. Cuando se comprobaba que estos animales ya no estaban en condiciones de seguir trabajando, bien por viejos, lesiones o bien por inadaptación, el propio PFE los acabó vendiendo como carne a carniceros de la provincia como fue el caso de Mayoral en Barbastro. De esa forma el PFE conseguía recuperar buena parte del dinero invertido inicialmente en su compra (3).

           






Fuentes y Bibliografía

- (1): Pinos y Penas en tiempos del Patrimonio; Carlos Tarazona Grasa, 2006.
- (2): Seguramente sería aquella ola de frío conocida como "la remonta".
- (3): Archivo Fondo Documental del Monte; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.




domingo, 15 de mayo de 2016

Los Consorcios


            Ya ha sido comentado el gran interés que tanto los responsables del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) como los del gobierno dictatorial del momento demostraron tener en el tema de la repoblación forestal de nuestro país. Bien puede decirse que por la implicación de unos y otros, esta materia acabó conformándose claramente en una cuestión de Estado. A la hora de dar la cobertura legal a la misma se pensaron prácticamente todas las posibilidades que podrían darse sobre el terreno, para de esa forma, dejarlas perfectamente atadas y así garantizarse el cumplimiento de los objetivos marcados. De tal forma, para aquellos casos en los que no consiguieran la propiedad de los terrenos, bien por falta de acuerdo entre ambas partes o por otros motivos, discurrieron una fórmula intermedia que les permitiría acometer igualmente la repoblación forestal sobre terrenos ajenos. A esa fórmula se la  conoció como Consorcio.
         Cuadrilla abriendo hoyas manualmente y plantando pinos en un lugar desconocido.   
Foto: Archivo Cartagra

            La Orden del Ministerio de Agricultura del 6 de noviembre de 1951 sirvió para regular la declaración de consorcios en los montes de utilidad pública, es decir, aquellos cuya pertenencia correspondía a los ayuntamientos y otras entidades. Básicamente sirvió para establecer el grado de participación y la coordinación necesaria entre los dos organismos forestales existentes en esos momentos. Por un lado estaban los Distritos Forestales (DD FF), también de implantación provincial y quienes desde siempre habían venido gestionado los montes públicos.  Por el otro lado estaba el PFE quien tenía la encomienda de llevar a la práctica de la política repobladora en nuestro país. Pero fue necesario solventar también cómo se garantizaba la repoblación en aquellos otros montes propiedad de particulares, de entidades locales menores o comunidades de propietarios. La repoblación de todos ellos quedaba en esos momentos al margen de los dos organismos anteriormente citados, el PFE y los DD FF . Esa situación quedó solventada con la promulgación de la Ley de 7 de abril de 1952 sobre auxilio a la libre iniciación para la repoblación forestal en terrenos de propiedad pública y particular.
            De esta forma, con la aprobación de una ley y una orden ministerial quedó prácticamente resuelta la cuestión que ahora nos atañe. Así pues, independientemente de quien fuera el propietario de los terrenos, la cosa funcionaría del siguiente modo. La propiedad entregaba la finca en cuestión al PFE y este organismo se encargaría a partir de entonces de cuantas cuestiones fueran necesarias para completar su repoblación forestal: preparación del terreno, obtención de la planta, repoblación propiamente dicha, conservación y mejora de la plantación o la propia dirección técnica. Los gastos derivados de estas operaciones corresponderían íntegramente al PFE quien en ningún caso cobraría de forma directa o indirecta ninguna clase de cuota al propietario quien seguiría manteniendo integra la propiedad sobre su terreno en todo momento. Transcurridos los plazos de tiempo aconsejables habría que realizar sucesivos aclareos en esas repoblaciones para, llegado el momento, realizar la corta final. Sería entonces cuando en función del volumen de madera resultante y del precio obtenido por la venta de la misma, cuando las dos partes deberían concretar de qué forma se procedía al reparto de los posibles beneficios obtenidos. Todas estas cuestiones quedarían recogidas en las Bases del Consorcio que no era otra cosa que un documento a modo de contrato firmado entre ambas partes.
Plano parcial de Ribagorza donde aparecen algunos de los consorcios allí realizados por el PFE. 
Foto: Archivo Cartagra

Cuando el dueño del terreno era una entidad pública o bien era de propiedad comunal, el porcentaje que se fijó para ellos rondaba entre un 30% y un 55%. En cambio, si la propiedad correspondía a propietarios particulares, el porcentaje podía oscilar entre un 25% y un 40%. Con ese mejor trato hacia las entidades públicas propietarias del terreno el PFE buscó principalmente espolear a ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones de modo que estos vieran despejada cualquier posible duda o temor a la hora de plantearse firmar un consorcio con el PFE. Según el propio PFE, en los consorcios que se firmaban sobre terrenos de carácter público

“…se obra con largueza y generosidad al determinar el porcentaje que debería corresponder (1). El porcentaje definitivo que finalmente se aplicaba dentro de los rangos antes apuntados estuvieron generalmente directamente relacionados con la calidad de los terrenos que aportaban los propietarios. Prácticamente todas las Bases firmadas en los numerosísimos consorcios propiciados por el PFE mantuvieron unas partes idénticas en su contenido. Se intentó señalar con la mayor claridad posible desde el objetivo que se perseguía, la descripción de los terrenos afectados, la constitución de una Junta de Gestión y el señalamiento de las funciones de la misma o el modo de realizar los aprovechamientos. También se contempló la obligación de confeccionar una memoria anual en la que recoger la labor realizada dentro del consorcio cada año. Tal labor debía ser sometida posteriormente a la consideración de la Junta de Gestión antes señalada. Llegado el momento de la corta final, esta misma Junta era la que debería aprobar la distribución de los posibles beneficios.
luces matutinas en el interior de una repoblación forestal. Foto: Archivo Cartagra

De la importancia que el PFE llegó a conceder a esta forma de conseguir repoblaciones dan buena cuenta las siguientes cifras. En todo el país entre 1940 y 1963 el PFE consiguió firmar hasta 6.069 consorcios que afectaron nada menos que a 2.173.552 Ha cuya titularidad correspondía tanto a montes públicos como a otros de propiedad particular, de ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades. En nuestra provincia se firmaron consorcios tanto con ayuntamientos como con particulares. De forma muy resumida puede decirse que los consorcios con ayuntamientos se firmaron entre el periodo que va desde 1943 hasta 1963. Fueron en total unos 104 consorcios diferentes que afectaron a unas 29.000 Ha aproximadamente. Por lo que se refiere a los consorcios firmados con particulares estos afectaron a más de 54.000 Ha. Durante el periodo que discurrió entre 1950 y 1966 se firmaron hasta 207 consorcios de este tipo. Así pues, la superficie consorciada en total en la provincia de Huesca afectó a más de 83.000 Ha entre unos y otros (2). A esa cifra aún habría que añadir la superficie repoblada sobre los montes que finalmente acabó comprando el PFE en nuestra provincia.

Fuentes y Bibliografía:
- (1): Patrimonio Forestal del Estado, Memoria Resumen 1940-1949; Ministerio de Agricultura, Madrid, 1951.
- (2): Archivo Fondo Documental del Monte; Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Madrid.