martes, 8 de marzo de 2016

El proceso de compra-venta de los montes en Huesca (II)



      Pero junto a los dos claros planteamientos a los que me referí en el anterior post aún hay que indicar, aunque sea con carácter temporal, la existencia de otro nuevo grupo. Se trata de aquellos amos que tras escuchar los argumentos de unos y otros siguieron sin definir su postura. Debe señalarse que llegó a existir un buen número de indecisos, los cuales en más de un caso, acabaron siendo los que en última instancia podían permitir que la balanza se inclinara hacia un lado u otro. Por este motivo fue el colectivo que más preocupó a los ingenieros de montes de la Brigada Aragón del PFE. Estos fueron conscientes desde el primer momento que si les conseguían convencer, acabarían logrando la adquisición completa de más de un pueblo nuevo. Así es como no dudaron en desplazarse las ocasiones que fueran necesarias a alguna de las reuniones informativas convocadas por los ayuntamientos respectivos o incluso a instancias de los mismos propietarios. Quien primero supo jugar aquél trascendental papel fue el ingeniero de montes Miguel Navarro Garnica y por ello no dudó en viajar y reunirse en cuantos pueblos hizo falta, en más de una ocasión directamente a instancia suya. Uno de los primeros desplazamientos que he podido constatar fue al pueblo de Casbas (Alto Gállego) en la primavera de 1952 pues allí se dio una de estas situaciones (1). Varias de las personas con las que en su día pude hablar sobre las repoblaciones forestales han coincidido en señalar, al contrario de lo que inicialmente pudiera pensarse, en el talante abierto y dialogante de este hombre. Hay que decir que en aquellos años Navarro Garnica era el responsable de la Brigada Aragón del PFE en esta región y estaba destinado en Zaragoza, lugar donde radicaban las oficinas de este organismo forestal. Su gran labor acabó viéndose compensada años más tarde con su nombramiento con director del mismísimo PFE y su traslado a Madrid. 
Ontinar de Salz, pueblo construído por el Instituto Nacional de Colonización a donde llegaron colonos provenientes de pueblos comprados por el Patrimonio Forestal del Estado. Foto: Archivo Cartagra

      Tras agotarse todas las vías de negociación sin haber conseguido cambiar la opinión de los escépticos, al PFE aún le quedó una carta por jugar. Esta estrategia fue aplicada ya no sólo por los ingenieros del PFE sino también por los de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en su política de expropiaciones de pueblos para la construcción de al menos el embalse de Mediano (2). Su carta en la manga para convencer a aquellos propietarios más reticentes fue, como última opción insisto, ofrecerles una plaza como colonos en alguno de los nuevos pueblos de colonización que el Instituto Nacional de colonización (INC) estaba construyendo en varios puntos del sur de la provincia oscense. Esta opción sólo fue empleada en las adquisiciones de una minoría de pueblos que bien debe calificarse, si no excepcional, sí atípica. Esta situación se ha podido constatar en la compra de al menos Basarán en 1954, Berbusa en 1955 y Cillas en 1961 (3).

      Una vez que se hubieron despejado las posibles dudas de algunos de los propietarios, las posiciones entre todos ellos ya quedaron bien clarificadas. Lo cierto es que es muy difícil resumir cual fue la reacción de los pueblos ante aquella situación impuesta. No todos los pueblos y sus respectivos propietarios respondieron de igual forma pues en esa respuesta intervinieron en gran medida las particularidades propias de cada uno de los pueblos. En esencia puede decirse que llegados a este punto se presentaron hasta tres situaciones diferentes aunque a continuación hay que decir que finalmente todas ellas terminaron reduciéndose a una única postura final que fue la que se decantó por la venta. Cabe recordar en ese punto nuevamente que la legislación vigente al respecto en esos momentos, como ya se apuntó en algún post anterior, apostó claramente por defender los intereses de la administración forestal y del gobierno a costa de sacrificar, como no podía esperarse otra cosa dado el régimen dictatorial del momento, los de los habitantes de los pueblos afectados.­­
Carátula de uno de los expedientes del Instituto Nacional de Colonización consultados.  
Foto: Archivo Cartagra

      La primera de ellas y quizás la más habitual, fue la situación que resultaba más favorable para los intereses del PFE. Es decir, todos los vecinos del pueblo acabaron manifestándose a favor de vender sus propiedades y en esta tesitura se encontraron inicialmente la mayoría de los pueblos. En tal situación el siguiente paso a dar por parte el PFE era sencillamente acordar los detalles de la venta y las condiciones del pago que debían reflejarse en la correspondiente escritura de compra-venta. Otra situación diferente, la segunda, fue aquella en la que quienes se negaban a vender supusieron una mayoría de vecinos respecto a los que sí querían vender. Aquí fue cuando los ingenieros del PFE tuvieron que emplearse a fondo, tanto echando mano de las seductoras plazas de colonos como recurriendo incluso a amenazas más o menos veladas y de diferente calado, siempre en función de la situación y la tensión existente en cada momento. La tercera posibilidad se dio cuando los que querían vender eran numéricamente inferiores a los que se negaban a la venta. Sin embargo y hablando porcentualmente, si esa minoría unida representaba más del 51% del total de la superficie del pueblo en cuestión, el proceso de venta continuaba adelante. Esta situación tiene una fácil explicación pues se dio cuando varias casas fuertes de un mismo pueblo se aliaban y decidían apostar por la venta. Llegados a ese escenario quienes no querían vender acabaron teniendo que ceder, seguramente a regañadientes, a los intereses de la otra postura pues porcentualmente representaban mayor superficie. En este tipo de casos se presentaron tensas situaciones sociales que dieron mucho que hablar en más de un pueblo y de una comarca. Con ello se extendió la sensación, no sin motivo, de que las casas pudientes se vieron una vez más favorecidas por aquella situación de dictadura pues acabaron imponiendo su criterio sobre las casas más humildes. 

Instrucciones del PFE sobre su organización 
interna. Foto: Archivo Cartagra
       Tras ese proceso previo y una vez que todos los propietarios, de una forma voluntaria o bien impuesta en mayor o menor medida acordaron vender al PFE, se inició la fase de compra-venta propiamente dicha. Tal cual dejó estipulado el Art. 61 del Reglamento del PFE, los propietarios debían presentar una oferta de venta por escrito. Esta debía de incluir además del importe total que solicitaban, la firma de todos los propietarios de fincas. Tras revisar las ofertas escritas de prácticamente la totalidad de pueblos comprados por el PFE en esta provincia llama la atención una cuestión. Me refiero al relativamente elevado número de propietarios analfabetos que existían en esas fechas pues las firmas caligráficas debieron ser sustituidas por una sencilla huella digital y su correspondiente aclara firma en la parte inferior. En este punto del procedimiento también se presentaron otras situaciones atípicas como cuando alguno de los propietarios llevaban tiempo viviendo fuera del pueblo. En algunos casos hacía ya años que habían emigrado incluso al extrangero. En más de un caso conocido marcharon a Francia por lo que fue necesario contactar con sus parientes conocidos más próximos. Estas situaciones acabaron solucionándose y simplemente lograron retrasar temporalmente la firma final de la venta. En más de un caso hasta fue necesario recurrir al Ministerio de Asuntos Exteriores para que el Cónsul español en Francia hiciera gestiones para localizar a los propietarios con paradero desconocido (4).





Fuentes y Bibliografía:


- (1): Pinos y Penas en tiempos del Patrimonio; Carlos Tarazona Grasa 2006.
- (2): Este fue el caso de pueblos como Coscojuela de Sobrarbe, Griébal, Gerbe, Mediano o Murillo de Tou

- (3): Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

- (4): Archivo Fondo Documental del Monte; Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Madrid.

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