Con la ley por el mango (II)

                Llegados a este punto ya prácticamente sólo quedaba hacer una cosa que no era otra que comenzar a poner en práctica el entramado legal diseñado y aprobado entre el régimen franquista y los responsables del PFE. Todo ese compendio legal apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de esta forma se cumplía, al menos en la teoría, con la obligación por parte de los gobernantes del momento de dar la obligada difusión a esa nueva legislación. En la práctica y como es fácil imaginar, en una sociedad rural mal comunicada tanto a nivel de carreteras y pistas como de prensa y radio, las noticias aún tardarían en llegar a los valles y pueblos afectados del Prepirineo.   

El Boletín Oficial del Estado publicó toda la legislacion que tuvo que ver con la política forestal que se aplicaba en la España del régimen franquista.

              Entre las disposiciones aprobadas con motivo del desarrollo de la Ley sobre Repoblación Forestal y Ordenamiento de los Cultivos Agrícolas integrados en los terrenos comprendidos dentro de las cuencas alimentadoras de los embalses de regulación (LRFOCA) cabe destacar todos los decretos que permitieron la aprobación de los Perímetros de Repoblación Obligatoria (PRO) (1):

               - Decreto 7 de abril de 1952: Cuencas de los Pantanos de El Grado y Mediano

               - Decreto 5 de septiembre de 1952 (BOE 28-Sep-1952): Cuenca de La Guarguera

               - Decreto 26 de octubre de 1953 (BOE 23-Dic-1953): Alavés

               - Decreto 6 de noviembre de 1953 (BOE 23-Nov-1953): Solanilla

               - O. M. 17 de marzo de 1955: Perímetro del Torrente Cajico (Castiello de Jaca)

               - Decreto 13 de mayo de 1955 (BOE 27-May-1955): Valle de La Garcipollera

               - Decreto 8 de junio de 1955 (BOE 10-Ago-1955): Pardina de Isábal

               - Decreto 21 de julio de 1955 (BOE 10-Ago-1955): Pardina de Güé

               - Decreto 22 de septiembre de 1955 (BOE 16-Oct-1955): Artaso

               - Decreto 13 de octubre de 1955: Val Ancha

               - Decreto 21 de octubre de 1955 (BOE 30-Oct-1955): Cuenca del N.-Ribagorzana

               - Decreto 18 de noviembre de 1955 (BOE 6-Dic-1955): Solana de la Val Ancha

               - Decreto 25 de noviembre de 1955 (BOE 10-Dic-1955): Tierra de Biescas

               - Decreto 9 de diciembre de 1955 (BOE 1-Dic-1956): Boráu

               - Decreto 27 de enero de 1956: Castillo de Orús, San Juan Bajo y La Galocha

               - Decreto 14 de mayo de 1956 (BOE 12-Jun-1956): Comarca Noroccidental Jaca

               - Decreto 8 de Febrero de 1957 (BOE 27-Feb-1957): Javierrelatre, Latre y Latrás

               - Decreto 21 de marzo de 1958 (BOE 2-Abr-1958): Ayerbe

               - Decreto 11 de abril de 1958 (BOE 22-Abr-1958): Cuenca del Río Matriz

               - Decreto 5 de septiembre de 1958 (BOE 1-Oct-1958): Solana de Burgasé

               - Decreto 5 de septiembre de 1958 (BOE 1-Oct-1958): Cuenca Mediano-El Grado

               - Decreto 6 de julio de 1961 (BOE 20-Jul-1961): Cuenca Pantano de Jánovas

               - Decreto 2 de julio de 1964 (BOE 30-Jul-1964): Cuenca Pantano Santa Ana

               - Decreto 1426/1965 de 20 de mayo (BOE 31-May-1965): aprobando el proyecto
                 de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del Río Isábena.

               - No he podido localizar el Decreto que afectó a la Cuenca del Pantano La Peña

 

              Conforme fueran aprobados estos decretos y aparecieran publicados en el BOE comenzarían a correr las noticias como la pólvora. Seguramente serían los secretarios de los ayuntamientos afectados los que primero se enterarían. Estos pondrían sobre aviso a sus respectivos alcaldes y a partir de allí el boca a boca haría el resto. Inicialmente habría multitud de dudas y más de una interpretación equivocada al respecto que obligarían a enviar cartas manuscritas pidiendo aclaraciones a más de un responsable municipal. Otros ayuntamientos más pudientes ya lo harían a través de cartas mecanografiadas y en el mejor de los casos alguno hasta echaría mano del teléfono. Seguramente que en todos los casos las preguntas se formularían directamente a algún ingeniero de montes de la Brigada Aragón del PFE destinado en las oficinas de Huesca o las de Zaragoza. El objetivo de las mismas no sería otro que clarificar en qué medida les afectaba la inclusión de esos terrenos en alguno de los decretos antes listados. Las dudas iniciales poco a poco se irían resolviendo gracias a las respuestas escritas u orales las cuales aportarían gran parte de la información solicitada. Con esta nueva y concreta información se alimentaría nuevamente más de un rumor y versión de todo cuanto se les venía encima a muchos pueblos altoaragoneses. Hasta he podido constatar que en más de un caso se hizo necesaria la convocatoria de reuniones municipales en las que tanto el alcalde como el secretario tuvieron que informar a los vecinos del municipio de aquellas importantes novedades (2).

Parte del complejo organigrama del Patrimonio Forestal del Estado

            Seguramente sería en esas reuniones donde se constataron ya los primeros planteamientos claros respecto a aquella nueva realidad. Y con ellos aparecieron también las primeras diferencias de criterios entre los que veían con buenos ojos los planes del PFE y aquellos otros que no estaban dispuestos a vender sus propiedades bajo ningún pretexto. En medio de este contexto muchas sendas y caminos de nuestro Prepirineo comenzarían a ser testigos del trasiego de hombres a pie o a lomos de caballerías motivados por esa situación nueva. Unos irían al pueblo de al lado también afectado por los planes forestales a alguna de las reuniones informativas; otros camino de los campos donde tenían el tajo hablarían en voz alta cambiando sus impresiones al respecto; otros caminarían en soledad con una rara sensación fruto de pensamientos encontrados; no faltarían tampoco quienes tomarían el repecho final zigzagueante hacia el pueblo disgustado por aquellas malas noticias para él.

              Lo cierto es que los planes ya definitivos del PFE para todos los pueblos afectados dieron lugar a situaciones y circunstancias que variaron en función tanto de la interpretación inicial de los vecinos de cada pueblo, de sus intereses personales, como de la realidad social existente en cada uno de ellos. La combinación de estos diferentes factores permitió la aparición de alianzas entre vecinos de un mismo pueblo a pesar de que hasta ese momento pudieran defender intereses enfrentados. Las posiciones derivadas de aquella nueva situación se limitaron básicamente a dos. Por un lado quienes estaban dispuestos a vender al PFE y por el otro aquellos que preferían seguir viviendo en su pueblo del mismo modo que lo habían venido haciendo hasta ese momento. Los diferentes posicionamientos que surgieron ya formaron parte de una crónica sobre la desaparición de infinidad de pueblos. A estas alturas, aunque practicamente casi nadie era consciente de ello, ya se habían escrito las primeras páginas de la misma.

Fuentes y Bibliografía

- (1) Fondo Documental del Monte; Ministerio de Agricultura.

- (2) Archivo Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno   de Aragón en Huesca

Con la ley por el mango

              Hasta ahora hemos visto como las medidas tomadas por los responsables del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) se traducían sobre el terreno en la construcción de diferentes instalaciones básicas para poder obtener los millones de plantas de diferentes especies que iban a ser necesarias. Tal volumen de plantas requerirían a su vez infinidad de mano de obra pues la mecanización en materia de semilleros, viveros y sequeros siempre fue muy escasa. Pero lo cierto es que de las medidas de verdadero calado debido a sus consecuencias todavía no he hablado en este blog. En primer lugar hay que señalar que estas fueron auspiciadas por el gobierno autoritario implantado en esos momentos en nuestro país, aunque propuestas directamente por los máximos responsables del PFE. Para llevar adelante tan ambiciosos planes, aquellos responsables políticos no dudaron en aprobar cuantas leyes y disposiciones fueron necesarias para conseguir sus objetivos. 

              La primera de las claves para entender la política forestal de nuestro país en esos momentos hay que buscarla en el Reglamento del PFE aprobado el 30 de mayo de 1941. Su Art. 60 al referirse a la compra de terrenos señaló que esta afectaría "...a los terrenos necesarios para la ejecución de proyectos aprobados, a los comprendidos dentro de comarcas de interés forestal y a todos aquellos que convengan para el cumplimiento de los fines nacionales, económicos o sociales del Patrimonio…”. Sólo con su lectura ya pueden intuirse los derroteros que habría de tomar este asunto forestal en nuestro país. 

Una repoblación forestal más de las muchas que realizó el PFE. Foto: Archivo Cartagra

            Al mismo tiempo, el Art.61 de esta misma ley se encargó de especificar y desarrollar cómo habría de ser el procedimiento de compra. Así fue como se detalló que los interesados en vender deberían presentar previamente una oferta al PFE la cual habría de incluir el precio que solicitaban, la firma de todos los propietarios así como ir acompañada de las pertinentes escrituras de propiedad. Una última cuestión sobre esta ley es que la misma facultó al Ministerio de Agricultura para redactar los proyectos de restauración hidrológico-forestal de prácticamente todas las cuencas de nuestro Pirineo  y Prepirineo. Destacar también que dentro de estos proyectos se contemplaron los denominados Perímetros de Repoblación Obligatoria (PRO) cuya importancia resultaría siendo vital para llevar adelante los planes estatales. 

              La segunda clave nos viene dada por la promulgación en 19 de diciembre de 1951 de la Ley sobre Repoblación Forestal y Ordenamiento de los Cultivos Agrícolas integrados en los terrenos comprendidos dentro de las cuencas alimentadoras de los embalses de regulación (LRFOCA). Esta ley, como se intuye tras la lectura de su larga denominación, estaba directamente relacionada con la política hidráulica del momento sobre la que no me extenderé para no aburrir demasiado. La ley que ahora nos ocupa encomendó al Ministerio de Obras Públicas la confección de un listado con las cuencas alimentadoras de los pantanos que debían ser sometidos a trabajos de repoblación forestal. Dentro de este listado se incluyeron terrenos de diferente propiedad: Expropiados por el Ministerio de Obras Públicas para la construcción de embalses; Montes de Utilidad Pública y libre disposición de ayuntamientos, montes de corporaciones o de fundaciones; terrenos de propiedad particular no dedicados al cultivo agrícola y terrenos de propiedad particular dedicados al cultivo agrícola.

               Esta misma ley en su Art. 3 se contempló por primera vez la figura de las Zonas de Interés Forestal y facultó al Ministerio de Agricultura para la declaración de las mismas. Así, de forma aparentemente tan sencilla, fue como los responsables políticos y forestales de España de la época  se dotaron así mismos de una herramienta que acabaría teniendo una repercusión tanto forestal como social impensable. En base a este artículo todos los propietarios de terrenos forestales considerados como tales e incluidos dentro de un PRO tenían la obligación de proceder a su repoblación forestal. Si no estaban dispuestos a repoblarlos por su cuenta esa misma ley les ofreció varias "alternativas" que no perseguían más que garantizar la repoblación de tales terrenos. Así pues, sus propietarios tenían varias opciones por las que decantarse. A saber: Hacer la repoblación por sus propios medios; hacerlo mediante la fórmula del Consorcio (1); o vender voluntariamente la finca al PFE para que fuera este organismo con sus medios quien acometiera dicha repoblación. Y como colofón a lo dicho hasta ahora, si el propietario no se acogía a ninguna de estas posibilidades, al régimen del momento le quedaba la opción de declarar el interés social de esos trabajos forestales y proceder a continuación a la expropiación de los terrenos en cuestión.

              De esta forma tan "sencilla" fue como el PFE -contando con el apoyo total del régimen franquista- logró tejer una red legal que amparó todos sus intereses y garantizó así la puesta en marcha de un ambicioso plan forestal nacional. Lo peor de todo lo dicho hasta ahora es que tal y como corresponde a cualquier iniciativa emanada del seno de un régimen militar y dictatorial, aquél proceso se llevó a cabo sin garantizar los intereses de todas las partes afectadas. Es más, debe decirse que sólo primaron los intereses de una parte. De tal forma, puede afirmarse sin ningún temor a la duda que en este caso los derechos de los propietarios quedaron totalmente cercenados. Esto resultó ser así porque en ningún momento se les dio la oportunidad de plantear su opinión pues en aquellos tiempos no se sometía a exposición pública ningún proyecto de ley. Ni mucho menos se ofreció la posibilidad de presentar alegaciones ni nada que se le pareciera. Seguramente que, en el mejor de los casos, algunos tablones de anuncios municipales llegarían a colgar "para conocimiento público..." las leyes aprobadas antes mencionadas u otras disposiciones derivadas de las mismas. ¿Cuántos amos de humildes haciendas repartidas por los pueblos de nuestro Prepirineo quedarían al margen de estas promulgaciones que tanto les acabarían afectando?... ¿Cuántos de ellos se enteraron cuando prácticamente ya estaba todo decidido?...

Parte del complejo organigrama del P.F.E. del que merece destacarse, por el impacto social 
de sus decisiones, la Asesoría Jurídica. Foto: Archivo Cartagra

              Nuestra provincia se vio afectada con la aprobación de más de una veintena de Perímetros de Repoblación Obligatoria (PRO) entre los años 1952 y 1965. Dentro de este periodo de tiempo el más activo sin duda fue 1955 pues durante ese año se aprobaron prácticamente la mitad del total. Todos ellos fueron suscritos en tiempos del PFE, principal valedor de la política forestal española del momento. Ya en tiempos del ICONA, en 1981, hubo el intento de aprobación de un nuevo PRO que habría de afectar al Valle de Vió aunque finalmente se quedó en mero proyecto.  

              Con estas leyes aprobadas y puestas en funcionamiento a pleno rendimiento, bien puede decirse que comenzaba a escribirse al mismo tiempo, la crónica de una muerte anunciada para más de un centenar de pueblos y pardinas diseminadas por todo el Prepirineo oscense. Dentro de la compleja organización del PFE merece destacar la Asesoría Jurídica del PFE pues en ella no se escatimaron recursos humanos ni materiales. Al frente de la misma hubo un Abogado del Estado Jefe que tan sólo debió hacer cumplir la legislación entes referida. Con aquél amparo legal cualquier queja o protesta por parte de los propietarios en contra de una venta estaba condenada al fracaso.

- (1) Consorcio: Fórmula mixta por la que el propietario cede por un largo periodo de tiempo su finca al PFE para su repoblación. Este organismo forestal se encarga de los trabajos de repoblación forestal. Cuando se proceda a la corta final de la madera procedente de esa repoblación el propietario recibiría una parte porcentual del valor de esa madera. Todas las cuestiones derivadas de este contrato quedaban recogidas en las denominadas Bases del Consorcio.