Los Consorcios

            Ya ha sido comentado el gran interés que tanto los responsables del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) como los del gobierno dictatorial del momento demostraron tener en el tema de la repoblación forestal de nuestro país. Bien puede decirse que por la implicación de unos y otros, esta materia acabó conformándose claramente en una cuestión de Estado. A la hora de dar la cobertura legal a la misma se pensaron prácticamente todas las posibilidades que podrían darse sobre el terreno, para de esa forma, dejarlas perfectamente atadas y así garantizarse el cumplimiento de los objetivos marcados. De tal forma, para aquellos casos en los que no consiguieran la propiedad de los terrenos, bien por falta de acuerdo entre ambas partes o por otros motivos, discurrieron una fórmula intermedia que les permitiría acometer igualmente la repoblación forestal sobre terrenos ajenos. A esa fórmula se la  conoció como Consorcio.

         Cuadrilla abriendo hoyas manualmente y plantando pinos en un lugar desconocido.   

Foto: Archivo Cartagra

            La Orden del Ministerio de Agricultura del 6 de noviembre de 1951 sirvió para regular la declaración de consorcios en los montes de utilidad pública, es decir, aquellos cuya pertenencia correspondía a los ayuntamientos y otras entidades. Básicamente sirvió para establecer el grado de participación y la coordinación necesaria entre los dos organismos forestales existentes en esos momentos. Por un lado estaban los Distritos Forestales (DD FF), también de implantación provincial y quienes desde siempre habían venido gestionado los montes públicos.  Por el otro lado estaba el PFE quien tenía la encomienda de llevar a la práctica de la política repobladora en nuestro país. Pero fue necesario solventar también cómo se garantizaba la repoblación en aquellos otros montes propiedad de particulares, de entidades locales menores o comunidades de propietarios. La repoblación de todos ellos quedaba en esos momentos al margen de los dos organismos anteriormente citados, el PFE y los DD FF . Esa situación quedó solventada con la promulgación de la Ley de 7 de abril de 1952 sobre auxilio a la libre iniciación para la repoblación forestal en terrenos de propiedad pública y particular.

            De esta forma, con la aprobación de una ley y una orden ministerial quedó prácticamente resuelta la cuestión que ahora nos atañe. Así pues, independientemente de quien fuera el propietario de los terrenos, la cosa funcionaría del siguiente modo. La propiedad entregaba la finca en cuestión al PFE y este organismo se encargaría a partir de entonces de cuantas cuestiones fueran necesarias para completar su repoblación forestal: preparación del terreno, obtención de la planta, repoblación propiamente dicha, conservación y mejora de la plantación o la propia dirección técnica. Los gastos derivados de estas operaciones corresponderían íntegramente al PFE quien en ningún caso cobraría de forma directa o indirecta ninguna clase de cuota al propietario quien seguiría manteniendo integra la propiedad sobre su terreno en todo momento. Transcurridos los plazos de tiempo aconsejables habría que realizar sucesivos aclareos en esas repoblaciones para, llegado el momento, realizar la corta final. Sería entonces cuando en función del volumen de madera resultante y del precio obtenido por la venta de la misma, cuando las dos partes deberían concretar de qué forma se procedía al reparto de los posibles beneficios obtenidos. Todas estas cuestiones quedarían recogidas en las Bases del Consorcio que no era otra cosa que un documento a modo de contrato firmado entre ambas partes.

Plano parcial de Ribagorza donde aparecen algunos de los consorcios allí realizados por el PFE. 

Foto: Archivo Cartagra

Cuando el dueño del terreno era una entidad pública o bien era de propiedad comunal, el porcentaje que se fijó para ellos rondaba entre un 30% y un 55%. En cambio, si la propiedad correspondía a propietarios particulares, el porcentaje podía oscilar entre un 25% y un 40%. Con ese mejor trato hacia las entidades públicas propietarias del terreno el PFE buscó principalmente espolear a ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones de modo que estos vieran despejada cualquier posible duda o temor a la hora de plantearse firmar un consorcio con el PFE. Según el propio PFE, en los consorcios que se firmaban sobre terrenos de carácter público

“…se obra con largueza y generosidad al determinar el porcentaje que debería corresponder” (1). El porcentaje definitivo que finalmente se aplicaba dentro de los rangos antes apuntados estuvieron generalmente directamente relacionados con la calidad de los terrenos que aportaban los propietarios. Prácticamente todas las Bases firmadas en los numerosísimos consorcios propiciados por el PFE mantuvieron unas partes idénticas en su contenido. Se intentó señalar con la mayor claridad posible desde el objetivo que se perseguía, la descripción de los terrenos afectados, la constitución de una Junta de Gestión y el señalamiento de las funciones de la misma o el modo de realizar los aprovechamientos. También se contempló la obligación de confeccionar una memoria anual en la que recoger la labor realizada dentro del consorcio cada año. Tal labor debía ser sometida posteriormente a la consideración de la Junta de Gestión antes señalada. Llegado el momento de la corta final, esta misma Junta era la que debería aprobar la distribución de los posibles beneficios.

luces matutinas en el interior de una repoblación forestal. Foto: Archivo Cartagra

De la importancia que el PFE llegó a conceder a esta forma de conseguir repoblaciones dan buena cuenta las siguientes cifras. En todo el país entre 1940 y 1963 el PFE consiguió firmar hasta 6.069 consorcios que afectaron nada menos que a 2.173.552 Ha cuya titularidad correspondía tanto a montes públicos como a otros de propiedad particular, de ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades. En nuestra provincia se firmaron consorcios tanto con ayuntamientos como con particulares. De forma muy resumida puede decirse que los consorcios con ayuntamientos se firmaron entre el periodo que va desde 1943 hasta 1963. Fueron en total unos 104 consorcios diferentes que afectaron a unas 29.000 Ha aproximadamente. Por lo que se refiere a los consorcios firmados con particulares estos afectaron a más de 54.000 Ha. Durante el periodo que discurrió entre 1950 y 1966 se firmaron hasta 207 consorcios de este tipo. Así pues, la superficie consorciada en total en la provincia de Huesca afectó a más de 83.000 Ha entre unos y otros (2). A esa cifra aún habría que añadir la superficie repoblada sobre los montes que finalmente acabó comprando el PFE en nuestra provincia.

Fuentes y Bibliografía:

- (1): Patrimonio Forestal del Estado, Memoria Resumen 1940-1949; Ministerio de Agricultura, Madrid, 1951.

- (2): Archivo Fondo Documental del Monte; Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Madrid.

  

La Fiesta del Árbol (III)

            La importancia que durante un buen periodo de tiempo se dio a la organización y celebración de esta fiesta queda bien demostrada, además de lo reseñado en los posts anteriores, en el contenido del presente post. En él se hace un resúmen de las numerosas disposiciones de carácter nacional que los diferentes gobiernos llegaron a promulgar regulando esta celebración.

             La Fiesta del Árbol como tal fue instaurada en nuestro país de forma oficial a través de un Real Decreto fechado un 11 de marzo de 1904. En su primer articulado se decía que además de los fines educadores, también se perseguía "...la siembra o plantación de árboles en un trozo de monte público o en un lugar adecuado de sus cercanías, la formación de alamedas o plantaciones lineales a lo largo de los caminos y los cursos de agua...". Las autoridades, corporaciones o particulares que desearan organizarla deberían organizarse en juntas locales. En las mismas debían participar también ingenieros de montes de los distritos forestales, el alcalde, el médico y hasta "...el cura párroco, el Maestro de escuela de mayor categoría y el primer contribuyente". Los responsables de los distritos forestales debían facilitar esa organización aconsejando a las juntas locales la ubicación más adecuada y las especies a plantar más aparentes. A su vez, estos mismos hombres debían de intentar garantizar la disponibilidad de plantas suficientes con la puesta en marcha de nuevos viveros o la potenciación de los ya existentes.

Portada de otro de los libros publicados
sobre el tema a principios del Siglo XX.
Foto: Archivo Cartagra

          Como forma de espolear la actividad de esas juntas vecinales, aquella disposición contempló que por cada 500 pies de especies arbóreas plantadas en el marco de esta fiesta que salieran adelante, los precursores de la fiesta serían premiados. Si las plantas empleadas hubieran sido obtenidas gratuitamente, la gratificación sería de 50 Pts para la junta. Si las plantas o semillas empleadas hubieran sido pagas con recursos propios el premio ascendería a las 75 Pts. Con ese dinero se debían cubrir los gastos originados en la organización así como para premiar "...a los niños que más se hubieran distinguido por su amor al arbolado". Pero aquél capítulo de premios también contempló la posibilidad de distinguir tanto a los Alcaldes, Curas, Maestros, Asociaciones de Amigos de la Fiesta del Árbol y particulares, que más se distinguieran en la organización de esta fiesta. Hasta la fecha no se conseguido localizar ninguno de esos listados ni se ha podido averiguar cual era el porcentaje de los árboles plantados que conseguían arraigar.

            El transcurso del tiempo se encargó de demostrar a los gobernantes del momento cual fue la cruda realidad al respecto. La acogida no fue la esperada pues debieron ser minoría los pueblos en los que se organizaba y celebraba esta fiesta. Además, en los pocos lugares donde se organizaba tampoco se conseguían cubrir los propósitos como consecuencia, principalmente, de la falta de recursos. Para intentar menguar en la medida de lo posible aquella situación se llegó a promulgar en diciembre de 1912 hasta una real orden donde se reguló la concesión de subvenciones para este fin. 

Dibujo alegórico sobre la Fiesta del Árbol
realizado por el artista oscense Ramón Acín

            Tras el transcurso de pocos años más, se constató nuevamente el escaso interés que esta fiesta despertaba en la mayoría de la sociedad española. Esto sucedía así aun a pesar de que tanto políticos como pensadores del momento realizaron importantes esfuerzos en la necesidad y divulgación de los propósitos antes descrito. El propio Joaquín Costa publicó en 1912 su libro El Arbolado y la Patria al cual me referí más extensamente en un post anterior. A la vista de que la situación sobre este particular no avanzaba, y a propuesta del Ministro de la Gobernación del momento, José Sánchez Guerra, el Rey Alfonso XII firmó un 5 de enero de 1915 un decreto nuevo sobre el asunto. En su primer artículo dispuso como obligatoria la celebración de esta fiesta en cada término municipal. La fecha debería ser fijada por el propio ayuntamiento quien a su vez debía decidir también qué funcionarios, asociaciones o entidades deberían ser invitadas a dicha fiesta. Esta norma también obligaba a todas las corporaciones a contemplar en sus presupuestos anuales una cantidad determinada para cubrir los gastos que su organización acarreara. Los secretarios de cada ayuntamiento estaban también obligados a enviar al gobernador una completa memoria por duplicado recogiendo todo cuanto fuera menester con motivo de esta fiesta. Los gobernadores a su vez debían de remitir todas la memorias recibidas a la Dirección General de Agricultura.

            A finales de abril de 1924 otra real orden fijó una nueva obligación para los ayuntamientos españoles: "Su Majestad el Rey (q.d.g.) se ha servido disponer que por los Ministerios de la Gobernación y Fomento se dicten las oportunas instrucciones para que todos los Ayuntamientos de España procedan, sin excepción, a la plantación mínima anual de 100 árboles... siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. se excite el celo de los delegados gubernativos para que presten la atención que por su interés e importancia requiere el cumplimiento de este servicio". 

Capítulo dedicado a las advertencias que debían seguir
durante la celebración de esta fiesta. Foto: Cartagra

            Aunque no llegó a quedar publicado en la Gaceta de Madrid, también se tiene constancia de la redacción de una serie de advertencias que debían de tenerse en cuenta a la hora de organizar y celebrar la Fiesta del Árbol. Llama la atención el contenido de alguna de ellas como por ejemplo la segunda que recoge lo siguiente: "El lugar de la plantación estará adornado, en el día de la Fiesta, con gallardetes, follaje, banderas, etc., para dar mayor animación y colorido al cuadro e impresionar la imaginación de los niños". O la quinta: "Habrá pocos discursos y estos serán breves, pudiéndose substituir por hojas impresas con máximas forestales". Estas recomendaciones también señalaban que al finalizar el acto, todos los niños debían cantar a viva voz el himno oficial de la fiesta. Y hasta el Himno del Árbol cuya letra fue escrita por Manuel Banzo y la música por Daniel Montorio:

Cavemos hondo todos a una, 

los hoyos cuna tienen que ser... 

Cavemos hondo la raíz en la tierra, 

sólo se encierra por renacer... 

Árbol hermano finca tu planta, 

la tierra es santa madre del amor... 

Y abre a los cielos tu verde manto, 

rece en ti el canto del ruiseñor... 

Somos los dos chicos,

 primavera empieza... 

voy en tu corteza mi vida a escribir. 

Y cuando a la muerte, 

tembloroso aguarde, 

me vendré a morir... 

Junto a ti una tarde

Vista parcial de la partitura con el Himno del Árbol que incluye uno de los libros consultados.
 Foto: Archivo Cartagra

        En el próximo post continuaré hablando de la Fiesta del Árbol aunque será desde una perspectiva bastante más local. Tras haber realizado un repaso por las principales disposiciones que regularon a nivel nacional esta cuestión, en la próxima entrega podremos comprobar qué fue lo que se hizo o se dejó de hacer en la práctica a lo largo y ancho de nuestra provincia.






Fuentes y Bibliografía:

- La Fiesta del Árbol; edicción facsímil de la Fundación Joaquín Costa y el Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 1997.

- La Fiesta del Árbol; Ezequiel Solana. Editorial Magisterio Español, Madrid, 1927.



 

Y aún pudieron ser más pueblos

           La aparición en el escenario rural altoaragonés del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) acabó convulsionando un medio donde tradicionalmente nunca se habían producido alteraciones dignas de mención. La vida de aquellos pueblos discurría dentro de la rutina diaria propia de una sociedad basada en una agricultura y una ganadería prácticamente de subsistencia. Gracias a la misma, año tras año, se repetía un ciclo en lo natural y en lo humano que, salvo la excepción de la guerra civil, se había venido repitiendo de forma casi idéntica durante los últimos siglos. La llegada del PFE a esta provincia a mediados de la década de los cuarenta del pasado siglo XX hizo posible, gracias al aval del estado dictatorial de ese momento, que aquél equilibro se rompiera de forma un tanto violenta. Aquella ruptura estuvo motivada en la decidida política forestal ya descrita someramente en varias entradas anteriores.

            Vista de la Pardina de Arraso hacia 1975. Foto: Archivo Pirenaico de Patrimonio Oral

           Aquél claro respaldo oficial hizo posible que la adquisición de pueblos en nuestra provincia se iniciara de forma rápida. Las instrucciones eran claras y los ingenieros de montes comenzaron a trabajar al respecto de forma decidida y eficiente. En poco tiempo ya tuvieron redactados sus primeros informes que afectaron principalmente a varios núcleos ubicados en la comarca de La Guarguera. Como consecuencia de los mismos, las primeras adquisiciones ya se pudieron firmar a finales de los años cuarenta del pasado siglo XX. Villacampa (A Guarguera) en 1946; Aineto y Pardina Trillo (A Guarguera) y Mancomún (Barluenga) en 1949 fueron los montes que estrenaron el listado de adquisiciones en nuestra provincia. A ellos le seguirían el resto de pueblos asentados principalmente en el Prepirineo y Sierras Exteriores oscenses. Poco a poco las ansias repobladoras estatales encabezadas por el PFE fueron enraizando simultáneamente en muchos pueblos de otras comarcas: La Garcipollera, La Solana Burgasé o Sobrepuerto entre otras.

           Hay que matizar también sobre este particular que las dificultades en las que se vivía desde hacía ya muchos años en aquellos pueblos, también facilitó enormemente la decisión de vender de aquellos propietarios. La falta de servicios básicos como luz o asistencia médica, el aislamiento geográfico debido a la falta de accesos rodados o una economía de subsistencia en la que apenas corría el dinero pues se suplía con el trueque, limitaban a diario cualquier perspectiva de futuro. Aquellas duras condiciones junto a la información que vía oral iba llegando a los pueblos respecto a gente que había emigrado a trabajar en empresas o talleres y las ventajas que suponía esa nueva vida, hicieron reflexionar a muchos hombres y mujeres de la mayoría de pueblos prepirenaicos. El ansia por cambiar aquellas condiciones y poder emprender una nueva etapa lejos del pueblo estuvo detrás de la mayoría de las decisiones de venta.

Pueblo de Botaya en 1975, pocos años después de ser ofrecido en venta al PFE. Foto: Archivo Cartagra

           La desaparición del PFE como tal debido a su sustitución por otro organismo forestal más moderno, el cual teóricamente debía responder a las nuevas necesidades de ese momento, no evitó nuevas adquisiciones. Ese nuevo ente se creó a finales de 1971 bajo la denominación de Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) y fue el encargado, entre otros muchos cometidos, también de concluir los numerosos expedientes de adquisición iniciados por el PFE. Después continuó con la apertura y conclusión de nuevos expedientes de adquisición que afectaron tanto a nuestra provincia como al resto del país. Según mis datos en la provincia de Huesca fueron en total 111 las adquisiciones que realizó el PFE entre el periodo que discurrió de 1944 a 1971. Incluyo en esta cifra también una media docena de adquisiciones cuyos trámites se iniciaron por parte de este organismo forestal aunque las mismas se concluyeran por parte del ICONA.

           Debe destacarse en este punto que las fincas y pueblos adquiridos pudieron haber superado la anterior cifra pues hubo muchos más intentos, que por causas varias, no llegaron a prosperar. De todos ellos se llegó a abrir el correspondiente expediente en las dependencias de la Brigada Aragón del Patrimonio Forestal del Estado con sede en Zaragoza. Así es como he podido comprobar que hubo otra serie de casos en los que la falta de acuerdo entre las partes impidió que el expediente siguiera adelante. En muchos casos los propios informes elaborados por algún ingeniero del PFE ya llegaron a desaconsejar dicha compra desde un principio. Los motivos fueron desde el precio elevado que solicitaban los propietarios, la superficie total demasiado pequeña, de extensión total suficiente aunque muy dispersa sobre el terreno o el deficiente estado registral de las fincas en cuestión. También hay que añadir que, aunque fuera una circunstancia temporal, durante 1963 el PFE dio instrucciones de no adquirir nuevas fincas. Así se transmitió a los responsables de las diferentes brigadas regionales pues parece ser que durante ese año faltó la consiguiente partida presupuestaria para este menester. En Huesca durante ese año tan sólo se adquirieron cuatro montes y seguramente debió ser así porque los trámites ya se habían adelantado suficientemente durante los años anteriores. Lo que sí se hizo, al menos durante ese año de 1963, fue no iniciar ningún expediente nuevo y paralizar los que estuvieran más retrasados. Así pues, ambas circunstancias hicieron posible durante ese año que el número de adquisiciones en nuestra provincia fuera inferior al que en verdad pudo haber sido.

           Las fincas que finalmente no fueron compradas por el PFE, a pesar de su interés en las mismas y de las que ha quedado registro documental, fueron las siguientes (1):

Jacetania: Ara; Badaguás; Botaya; El Monte, en Araguás del Solano; Ena; Especiello, en Larués; Huértalo; Pardina Botayuela de Ena; Pardina Esporret de Bailo; Pardina Fosato de Javierregay; Pardina Segaral.

Alto Gállego: Anzánigo; Arguisal; Bara; Barbenuta; Pardina Baranguá, Cortillas; Pardina Albás de Secorún; Pardina de Arraso; Pardina Buesa, en La Guarguera; Pardina Cerceles de Jabarrella; Pardina Pardenilla; Pardina Pilón y Camparés; Pardina Rompesacos; Pardina Sta. María de Perula; Santa Quiteria; Susín; Pardina Monrepós de Caldearenas; Trasierra y Sierra de Larrés.

Sobrarbe: Aguilar; Ascaso; Atiart; Ayerbe de Broto; Collospins, Barón y San Cristóbal, en Muro de Roda; Escartín; Fuebla en monte de Sieste; La Serrana en Boltaña; La Selva de Albella y Jánovas; Murillo de Sampietro; Peñacuervo; Seto y Lusiarre en Burgasé; La Sierra de Sieste; Torruellola de la Plana; Valata y San Victorián de Abizanda; Yosa de Broto.

Vista de Escartín en 1975. Al fondo se aprecia Basarán y los pinos jóvenes plantados en su entorno.

Ribagorza: Bacamorta; Casa Costa y Casa Sino de Cajigar; Casa Figuera de Secastilla; Caserras del Castillo; El Llomá y La Obagueta en Pilzán y Caladrones; La Cuadra y Otros en monte de Gráus y Benabarre; La Selva en Secastilla; La Sierra de Secastilla; Mas d'Abaix en monte de Caserras, Fet y Viacamp; Mas de Mora en Benabarre; Mas de Gabarrella en Viacamp; Mongay en Viacamp; Montañana; Moli y Maset en Viacamp; Nocellas, Las Costeras y Otros en Merli; Obago, Farrera y Pocino en Foradada del Toscar; Ribera de La Salenca en Bono; San Lumbiarres en Gráus; Señes; Sierra Blanca y Curuñales en Viacamp; Tayó de Aulet en Santorens; Valfuró y Montirroy de Puente de Montañana.

Somontano: Asque; Bastarás; Los Rasos en El Grado; La Sierra de Salinas de Hoz; Otín.

           Como se puede comprobar fueron muchísimas fincas sobre las que el PFE llegó a colocar sus ojos y que al final no adquirió. Sin embargo, en algunos casos aquellos planes del PFE, aunque fuera a medias, pudieron llevarse a la práctica. Me explicaré. Finalmente algunos de los montes del anterior listado sí que acabaron siendo repobladas por el propio PFE. Esto fue posible gracias a otra fórmula muy usada durante ese tiempo por el PFE conocido como Consorcio. Este fue el caso Tayó de Aulet, Arguisal, Trasierra y Sierra de Larrés. Pero sobre los consorcios hablaré largo y tendido en otro post más adelante.

           Hay que recordar aquí que a pesar de que finalmente no se produjeran las operaciones de compra y venta, el PFE dedicó importantes recursos a estos casos. Digo esto porque en la mayoría de los casos personal de este organismo recorrió y pateó esas fincas pues llegaron a redactar los perceptivos informes previos de la mayoría de esas fincas. Eso suponía que se desplazaran al terreno, al menos varias veces, un ingeniero de montes o ingeniero técnico forestal para proceder al levantamiento topográfico de las fincas y montes de su interés. Este técnico casi siempre fue acompañado de su trípode de madera y su equipo topográfico con el cual tomar medidas, triangular puntos y levantar el imprescindible mapa del monte en cuestión. Además, siempre se hizo acompañar por un guarda forestal de PFE para que le ayudara en sus trabajos. Los cometidos de los guardas eran además de acompañarle por los caminos de herradura que ellos conocían muy bien, presentarle a vecinos de esos pueblos que además de ser propietarios afectados conocían a la perfección los límites de los montes a medir. El guarda forestal era también el encargado de buscar un alojamiento al ingeniero a la altura de las circunstancias, y cuando hacía falta mano de obra para colocar estacas sobre el monte, contratar peones de confianza en la zona y alguna caballería. A este respecto he podido constatar que se realizaron numerosos trabajos de campo que no sirvieron para nada en más de un caso. Así, en la comarca de Sobrepuerto el PFE llegó a medir completamente el monte de Bergua para lo cual emplearon nada menos que quince jornadas de campo. Algo similar sucedería en otros pueblos de la zona que también llegaron a medir en balde como Cortillas y Escartín (2).

Fuentes y Bibliografía:

- (1): Archivo Fondo Documental del Monte; Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Madrid.

- (2): Pinos y Penas en tiempos del Patrimonio; Carlos Tarazona Grasa, 2006.